En este artículo señalamos que los procesos de descomunistización, la ilegalización de partidos comunistas, la liquidación de sindicatos y la ilegalización de huelgas y manifestaciones están estrechamente vinculados y son una política unificada de la clase dominante como parte de una estrategia para mantener el poder y fortalecer y profundizar el desarrollo del sistema capitalista en Asia central. Al mismo tiempo, la glorificación de los basmachí, los nacionalistas burgueses y los miembros de las formaciones colaboracionistas que combatieron en el bando de Hitler son la otra cara de la moneda de la actividad de esclavización de los trabajadores y su privación de los derechos restantes.

Antes señalábamos en nuestros artículos que la restauración del capitalismo en las repúblicas soviéticas del Asia central tuvo lugar bajo la dirección de los primeros secretarios de los partidos comunistas. Puede que Kirguistán y Tayikistán sean las excepciones, pero aun allí las figuras que se convirtieron en presidentes tuvieron una trayectoria anterior en el partido y el Komsomol o confiaron localmente en antiguos jefes de organizaciones partidarias.

En consecuencia, los representantes de la dirección de los partidos comunistas comenzaron a disolver las organizaciones partidarias en las repúblicas tras la ilegalización del PCUS en agosto de 1991 —antes incluso de la liquidación oficial de la URSS— , cambiando por completo su retórica hacia lo antisoviético y lo anticomunista.

La transformación de la propaganda anticomunista y antisoviética en política estatal de las repúblicas postsoviéticas de Asia central fue una fase necesaria en la redistribución de la propiedad pública y la creación de una clase capitalista de entre los representantes de la nomenklatura del partido y sus parientes, así como de una nueva raza de emprendedores que surgieron tras el desarrollo de cooperativas, pequeñas empresas y formas privadas de propiedad tras la reforma de 1989.

Este fenómeno precisa un análisis separado, teniendo en cuenta tanto factores internos como influencias externas. La aguda reversión en solo unos meses de 1991 por parte de Nursultán Nazarbáyev, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Kazajistán, así como de Islam Karímov, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Uzbekistán; Saparmurat Niyázov, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Turkmenistán; y Askar Akáyev, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Kirguistán, ilustra un cambio rápido y aparentemente radical en la posición ideológica, pero tras esta velocidad se ocultan procesos más complejos.

La rápida condena del “pasado totalitario” de estos dirigentes no fue espontánea; al contrario, fue una estrategia cuidadosamente preparada dictada por varios factores.

En primer lugar, está el deseo de legitimar el nuevo gobierno en el contexto de destrucción de la URSS. Los ideales “democráticos”, opuestos al “totalitarismo”, parecían una herramienta necesaria para ganarse la confianza de Estados Unidos y los países europeos y atraer la ayuda financiera occidental, que era esencial para la transición a la economía de mercado. La condena del comunismo se convirtió en una especie de “rito de purificación” que les permitía distanciarse del pasado y reclamar una nueva identidad política.

En segundo lugar, la retórica anticomunista servía como herramienta para eliminar la oposición política. Los Partidos Comunistas, que tenían una autoridad e influencia considerables, estaban bajo ataque. Declarar al comunismo la “fuente de todos los males” facilitaba el descrédito de las fuerzas opositoras asociadas con este pasado, sin importar sus programas políticos reales. Fue una forma eficaz de retener el poder y fortalecer el nuevo régimen político, construido sobre los principios del autoritarismo, a menudo disfrazados de armazón democrático.

En tercer lugar, los factores externos desempeñaron su papel. Los países occidentales, incluyendo a Estados Unidos, apoyaron activamente el proceso de descomunistización en el espacio postsoviético, lo cual se reflejaba en la ayuda financiera, el apoyo consultivo y las actividades de apoyo. Los medios occidentales y los think tanks moldearon de forma activa la imagen del comunismo de una fuente de mal y falta de libertad, apoyando de ese modo sentimientos similares dentro de las repúblicas postsoviéticas. No puede subestimarse el impacto de esta propaganda externa, especialmente dadas la falta de publicaciones independientes y la debilidad de organizaciones públicas y movimientos de masas de base en la mayoría de los Estados recién formados.

En cuarto lugar, la condena del marxismo-leninismo y la práctica de construcción socialista permitió a las antiguas élites partidarias embarcarse activamente en el proceso de privatización masiva y el desmantelamiento de la economía planificada a favor de los intereses de la incipiente clase capitalista.

Así, en el congreso extraordinario del Partido Comunista de Kazajistán en septiembre de 1991, Nazarbáyev declaró que «la ideología comunista se convirtió en una desgracia para millones de soviéticos.» «Construido sobre falsos postulados, no podía ganar objetivamente un debate histórico con otro sistema de desarrollo social, que ha demostrado de forma convincente su viabilidad en el resto del planeta. Es imposible no admitir que esta ideología se ha desacreditado a sí misma», arguyó.

Es importante señalar también que la campaña anticomunista no siempre fue uniforme. A menudo se utilizaba para resolver problemas políticos internos, a veces adquiriendo tintes xenófobos o nacionalistas. En algunas repúblicas, la lucha contra el “pasado comunista” también sirvió como herramienta para humillar y eliminar a las poblaciones rusas y rusófonas, que se asociaban a menudo con el gobierno soviético, así como para fomentar conflictos étnicos.

Esto también se hizo con el objetivo de arrebatar apartamentos y propiedades de minorías étnicas, forzadas de facto a migrar a Rusia a principios de los 90, lo que permitió a los grupos dominantes redistribuir, por motivos populistas, el parque de viviendas restante en interés de los residentes locales y los emigrados de zonas rurales para reducir el descontento social.

Además, toda la responsabilidad del mítico “genocidio”, represión y “Holodomor” durante la colectivización e industrialización de la década de 1930 se desvió hacia los comunistas rusos y sus descendientes, que fueron eliminados automáticamente de los puestos de cuadros nacionales del partido, y se presentaron a sí mismos como las “victimas” o perpetradores de la política chovinista de Moscú durante los 70 años de gobierno soviético.

La crítica al pasado soviético por parte de los dirigentes de los estados postsoviéticos, particularmente por parte de Emomali Rahmon (Tayikistán), Nursultán Nazarbáyev (Kazajistán) y Askar Akáyev (Kirguistán), representa una metamorfosis interesante. Sus declaraciones sirvieron a los propósitos de la conveniencia política y la formación de una identidad nacional en la realidad postsoviética; esto es, que las naciones soviéticas creadas durante el periodo de construcción socialista fueron declaradas como oprimidas, ya que supuestamente fueron destruidas y sometidas a una política de asimilación por parte de la dirección de la URSS.

Al hablar de ilegalizaciones, Rahmon no menciona el apoyo estatal a la cultura y e idioma tayiko durante ciertos periodos de gobierno soviético, por ejemplo, a través de la creación de teatros nacionales, revistas literarias e instituciones educativas en idioma tayiko.

Nazarbáyev es aún más categórico en sus valoraciones de la URSS, llamándola «país totalitario y herméticamente cerrado que mantenía una economía de subsistencia». El mismo papel lo desempeña su declaración sobre la «igualdad en la pobreza», que es una fasificación directa de la historia que no refleja la realidad de la existencia de distintas capas y condiciones de vida en la Kazajistán soviética.

En general, las declaraciones de los antiguos dirigentes del Partido Comunista son una mezcla de simplificaciones y falsificaciones con el fin de legitimar los regímenes existentes, formar una nueva identidad nacional burguesa y movilizarse en torno a su propio trono. La campaña ideológica que sacaron todavía continúa hoy, lo que ya se ha documentado en libros de texto de escuelas y universidades, a nivel legislativo a través de la rehabilitación de todos los reprimidos, así como a través de la condena oficial del periodo soviético.

La oleada anticomunista que barrió el espacio postsoviético tras el colapso de la URSS se convirtió en un auténtico gólgota para las fuerzas de izquierda. La erradicación del comunismo, declarada como el “bien supremo”, condujo a una persecución a gran escala cuya forma e intensidad varió de república en república y cambió con el tiempo.

En algunos casos, fue una represión y acoso abierto; en otros fue una presión sutil que aspiraba a subordinar a los partidos comunistas a los nuevos gobiernos e integrarlos en un sistema político beneficioso. Este proceso, que es complejo y multifacético, merece un análisis detallado y separado para cada una de las cinco repúblicas del Asia central.

Consideremos, por ejemplo, Turkmenistán. En la primera mitad de la década de 1990, fracasaron invariablemente los intentos de registrar legalmente el comité organizador de la restauración del Partido Comunista de Turkmenistán (KPT) bajo distintos pretextos, lo cual indica una política deliberada de las autoridades para eliminar cualquier manifestación de ideas de izquierdas. La paradoja de la situación era que, a pesar del rechazo al registro, en 1998 las autoridades miraron para otro lado en la celebración del congreso fundacional del KPT. Este periodo temporal de relativa libertad de acción para los comunistas era muy probablemente una maniobra táctica que aspirase a reducir la tensión social y crear la ilusión del pluralismo político. Sin embargo, esta ilusión duró poco.

A finales de 2002 comenzaron las represiones a gran escala, que afectaron no solo a los comunistas, sino a toda la oposición en su conjunto. Decenas de personas fueron arrestadas y encarceladas con el pretexto de que organizaban un intento de asesinato contra el Presidente Saparmurat Niyázov, que estableció un duro régimen autoritario en el país. Entre ellas estaba el dirigente del Partido Comunista de Turkmenistán y antiguo jefe del Comité Estatal de Radiotelevisión de la RSS turkmena, Serdar Rajímov. El destino de Rajímov y muchos otros arrestados sigue siendo desconocido, lo cual es típico de muchas de estas represiones en regímenes autoritarios.

Esta falta de transparencia e información refuerza el sentido de impunidad y permisividad por parte de las autoridades. Hasta el día de hoy, los comunistas de Turkmenistán se ven obligados a operar en la clandestinidad, pese al fin formal en 2012 del régimen de partido único y el registro de una serie de partidos distintos. Sin embargo, estos partidos nuevos están habitualmente controlados por el gobierno y no muestran ningún signo de actividad opositora. Esta “fachada” de gobierno multipartito es típico de muchos estados postsoviéticos, que buscan crear la apariencia de democracia sin cambiar el carácter autoritario del régimen.

En Kazajistán, como en otras repúblicas, los intentos de volver a crear el Partido Comunista se han encontrado con numerosos obstáculos. En un congreso extraordinario “de liquidación” en octubre de 1991, Nazarbáyev anunció la disolución del Partido Comunista de Kazajistán y la creación de un nuevo Partido Socialista de Kazajistán, pero un tercio de los delegados no estuvieron de acuerdo con esta decisión, y ya en diciembre de 1991, cuando tuvo lugar, el XIX Congreso del Partido Comunista de Kazajistán (KPK) proclamó la resurrección del partido y la lealtad a la ideología marxista-leninista.

Sin embargo, el registro del KPK se retrasó deliberadamente, lo que era una clara manifestación de presión política de las autoridades. Fue solo en 1994 cuando el partido obtuvo un estatus oficial, lo que permitió al KPK tener una posición de fuerza dirigente de la oposición, lo que confirmaron los resultados de las elecciones parlamentarias de 1999, en las que recibió en torno a un 18% de los votos. Este éxito demostró ser, sin embargo, efímero.

La influencia del KPK en la escena política de Kazajistán ha ido disminuyendo progresivamente por distintas razones. Una campaña activa para desacreditar a los medios estatales desempeñó un papel significativo, con una crítica que atañía tanto al programa político del KPK como a sus dirigentes individuales.

El ala derecha del partido tomó rumbo hacia la socialdemocracia, abandonando los fundamentos esenciales del marxismo-leninismo, lo que no pudo más que conducir a graves contradicciones en el seno del partido en 2001 y a la exclusión de representantes del ala izquierda.

Un factor importante fue la adopción del KPK de la táctica de cooperación con partidos liberales de derecha y la creación de alianzas electorales y políticas con ellos, lo que provocó el descontento entre los comunistas radicales y alejó a algunos simpatizantes potenciales. Los conflictos internos del partido, la incapacidad para adaptarse a las nuevas condiciones y la falta de organización también ayudaron al debilitamiento de la posición del KPK.

En 2004 hubo una escisión dentro del KPK, no sin la participación de las autoridades, que condujo a la formación del Partido Comunista Popular de Kazajistán (KNPK). El KNPK ha tomado una posición más moderada, rechazando una confrontación dura con las autoridades. Esta escisión debilitó significativamente al KPK, privándole de algunos de sus simpatizantes y potencial organizativo.

El futuro del KPK fue una conclusión anticipada. Desde 2011, las actividades del partido se han suspendido repetidamente por varios motivos. La publicación del periódico del partido, el Pravda de Kazajistán, fue ilegalizada; lo cual supuso un duro golpe para el trabajo informativo del KPK y su relación con sus votantes. El colmo fue la decisión judicial de liquidar el KPK en septiembre de 2015, cuyo motivo oficial fue la presunta insuficiencia en el número de miembros del partido (38.000 en vez de los 40.000 necesarios).

La dirección del KPK contempló esta decisión como una motivación puramente política, señalando a numerosas violaciones del proceso de liquidación. Esta decisión provocó protestas de la oposición y las organizaciones de derechos humanos, que acusaron a las autoridades de eliminar a la oposición política. De hecho, fue la liquidación del último partido opositor del país.

Es digno de mencionar que ni la UPC-PCUS ni el Partido Comunista de la Federación Rusa han realizado declaraciones de condena a esta decisión de Astaná. En la información extensiva de la UPC-PCUS sobre esta cuestión, solo se sugirió a los miembros del KPK y el KNPK que buscasen un consenso con el fin de restaurar la efímera “unidad”. Además, en conversaciones tras bambalinas, los dirigentes del Partido Comunista de la Federación Rusa simplemente le propusieron al antiguo dirigente del KPK, Serikbolsin Abdildin, que se uniesen al KNPK, legal, pero ellos lo rechazaron.

Al contrario que el KPK, el KNPK continuó sus actividades, adhiriéndose a una línea más leal con el gobierno. En 2012 y en 2016, el partido nombró a sus candidatos para el parlamento, aunque no consiguió resultados significativos. Esta posición acomodada se explica por el hecho de que se creó originalmente como un partido clon y artificial para dividir a los votantes. De manera progresiva, el KNPK acabó abandonando sus símbolos comunistas tradicionales y después su nombre, convirtiéndose sin más en el Partido Popular.

La cuestión de la libertad real de los partidos políticos en Kazajistán sigue abierta, y la historia del KPK es un ejemplo vívido de los límites que afrontan las fuerzas que intentan revivir la organización. En concreto, las autoridades rechazaron siete veces el registro de nuestro Movimiento Socialista de Kazajistán, y también rechazaron las demandas en los tribunales.

El Partido de los Comunistas de Kirguistán (PKK), que fue restaurado en 1992, ilustra de forma viva esta trayectoria difícil. Pese a su éxito inesperado en las elecciones de 2000, en las que recibió el mayor número de votos, el PKK se enfrentó constantemente a la oposición severa, aunque no siempre formalizada, de las autoridades.

La situación era complicada por la falta de transparencia en los procesos electorales, la existencia de recursos administrativos y la atmósfera general de inestabilidad política típica de Kirguistán en ese momento. Además, la dirección del partido, en vez de trabajar con los sindicatos y los movimientos populares de masas que expresaban su descontento con las transformaciones capitalistas del mercado y las reformas antisociales, solo se involucró en las actividades parlamentarias que le convenían, integrándose en el sistema político como una fuerza constructiva.

En consecuencia, durante el golpe de estado de 2010, la dirección del partido apoyo de facto al Presidente Bakíyev, que fue derrocado como consecuencia de las protestas masivas debidas a un aumento múltiple del coste de la electricidad. Este coqueteo con uno de los grupos de la clase dominante acabó con la detención de I.A. Masalíyev, Presidente del Comité Central del PKK.

Aunque Masalíyev fuese posteriormente liberado por falta de pruebas en marzo de 2011, este suceso supuso un duro golpe a la imagen e influencia del partido. Es más, la incapacidad del PPK de adaptarse a las nuevas realidades políticas, de desarrollar una estrategia de desarrollo clara y coherente ante la creciente lucha de clases y los fenómenos de crisis del sistema capitalista, así como los desacuerdos internos y la preponderancia de los defensores del “socialismo de mercado” condujo a la pérdida gradual de peso político del partido.

Hasta la fecha, el PKK sigue en la periferia de la vida política kirguisa, sin tener un impacto significativo en la formación del rumbo del estado. Su posición ambigua en cuestiones clave del desarrollo socioeconómico y la falta de propuestas concretas para abordar los problemas acuciantes del país le han privado del apoyo de una parte significativa de la población.

Al contrario que en Kirguistán, el destino del Partido Comunista de Tayikistán (KPT) siguió un escenario completamente distinto. Pese a los intentos de ilegalizarlo en otoño de 1991, el KPT no solo sobrevivió, sino que desempeñó un papel relevante en la estabilización de la situación del país durante la guerra civil.

Al unirse al Frente Popular, el KPT apoyó de forma activa a Emomali Rahmon, oponiéndose a la “oposición democrático-islamista”. Esta cooperación le permitió al KPT mantener su influencia y legitimidad a ojos de una parte significativa de la población. Sin embargo, la formación del “partido del poder” —el Partido Popular Democrático de Tayikistán (NDPT)— en la segunda mitad de la década de 1990 condujo progresivamente al debilitamiento de la posición del KPT.

El NDPT, al controlar el aparato estatal y tener infinitas oportunidades de movilizar recursos, sacó de forma efectiva al KPT del espacio político. Las críticas del KPT al Gobierno en cuestiones de política económica, corrupción y respeto de los derechos humanos, expresadas de una forma más bien aguda, provocaron un descontento punzante con las autoridades. En 2015, el KPT no pudo superar la barrera porcentual establecida para las elecciones parlamentarias, lo que consolidó al fin su posición como fuerza política irrelevante.

Debe señalarse aquí que tuvo lugar un golpe dentro del KPT con la participación de las autoridades cuando, en el XXXII Congreso del Partido Comunista de Tayikistán en 2016, no se reeligió a Shodi Shabdólov y se le acusó de tener relaciones tensas con la dirección de Tayikistán y de reducir la influencia del partido. En realidad, era una conspiración para subordinar por fin al KPT al grupo dirigente encabezado por el Presidente Rahmon.

Puede asumirse que la eliminación de los partidos comunistas en estos países fue dictada no solo por consideraciones ideológicas, sino también geopolíticas. Los países occidentales, que proporcionaban ayuda financiera y política a los estados recién independizados, insistían con frecuencia en la “democratización”, que excluía el resurgimiento de los partidos comunistas asociados con el régimen anterior.

Así, la persecución de los comunistas era parte de la estrategia general de Occidente de crear un panorama político pro-occidental en Asia central. En esta estrategia, la lucha contra el comunismo se ha vuelto una herramienta para conseguir fines geopolíticos más amplios. Sin embargo, este enfoque no condujo finalmente al desarrollo democrático-burgués, sino que solo consolidó los regímenes autoritarios bajo una nueva bandera “democrática”.

Por desgracia, los partidos comunistas fueron incapaces de presentar un programa revolucionario de lucha contra la restauración del capitalismo y de dirigir el movimiento obrero y los movimientos de protesta social. Su dirección estaba dominada y sigue dominada por los defensores del “socialismo de mercado”, la “vía china” y el apoyo a sus propios productores. Su estrategia estaba dominada por la idea de la necesidad de unir fuerzas con las fuerzas liberales burguesas “progresistas” para luchar por las libertades comunes en la “fase democrática”, solo tras la cual seguiría la lucha por el socialismo.

No obstante, la liquidación legal o política de los partidos comunistas sirvió al propósito de impedir la hipotética consolidación potencial de todas las fuerzas protestantes en la sociedad en su entorno, descontentas con el actual rumbo socioeconómico y político hacia un mayor desarrollo del capitalismo, en condiciones de debilidad e insolvencia de las organizaciones opositoras burguesas.

Como consecuencia de esta purga de partidos comunistas, las dictaduras burguesas-nacionalistas en las repúblicas solo se han fortalecido, dirigidas habitualmente por antiguos dirigentes de los partidos comunistas soviéticos, pero con una ideología de estado cuyo núcleo principal es el anticomunismo.

La restauración del capitalismo se volvió una auténtica catástrofe social para las repúblicas de Asia central, cuando tuvo lugar el proceso de desindustrialización y liquidación de muchos sectores de la economía. Se mantuvieron, como consecuencia de las inversiones de capital de las empresas occidentales, principalmente las industrias extractivas, así como las empresas siderúrgicas y metalúrgicas.

Los gobiernos de las repúblicas siguieron en todas ellas una política de reducción de fondos para el sistema de seguridad social y redujeron los derechos laborales, enmendando la legislación social y laboral, además de restringir la libertad de acción sindical; pero estos fenómenos se manifestaron de forma más vívida y prominente en Kazajistán, ya que fue allí donde tuvieron lugar las mayores acciones de clase de los colectivos laborales y donde se desplegó la lucha por los sindicatos.

La huelga de ocho meses de los petroleros de la región de Mangystau en 2011 se convirtió en un Rubicón para la clase dominante y la dirección de Kazajistán, tras la cual tuvo lugar una reforma radical en la legislación laboral y sindical. El 27 de junio de 2014, tres años después del tiroteo contra trabajadores en huelga en Janaozen, en el que más de 70 huelguistas murieron, el Presidente de Kazajistán firmó la ley “de sindicatos”, que privaba a los trabajadores del derecho a formar sus propios sindicatos independientes. Todas estas asociaciones fueron posteriormente liquidadas por decisiones judiciales.

En consecuencia, en Kazajistán sobrevivió la Federación de Sindicatos de Kazajistán, controlada por las autoridades y en la que se puso en la dirección a los antiguos jefes de las administraciones regionales que habían luchado anteriormente contra las huelgas.

La Oficina General del Fiscal de la República de Kazajistán informó de la liquidación de más de 600 sindicatos locales, locales y principales en los tribunales que no cumplían con la nueva ley “de sindicatos”. A finales de 2017, se liquidó la última Confederación de Sindicatos de Kazajistán, y cuatro de sus dirigentes fueron condenados a distintas penas de prisión por incitar supuestamente a huelgas ilegales.

Además, se han estrechado significativamente los derechos de los sindicatos en cuanto al inicio de conflictos laborales, conclusión de acuerdos colectivos y organización y participación en huelgas.

Al aprobar esta ley, el Parlamento de Kazajistán violó hasta la Constitución de Kazajistán (párrafo 1 del artículo 1), en el que se proclama a la República como un estado democrático, laico, legal y social cuyo deber es reconocer, respetar y proteger los derechos y libertades humanos y civiles basándose en los principios del gobierno de la ley y la democracia legal; la prioridad de los tratados internacionales por encima de sus leyes (artículo 4) y la consolidación de derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho de cualquiera a la libertad de asociación (párrafo 1 del artículo 23).

En consecuencia, la ley “de sindicatos” contradice las Convenciones 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y no cumple con los estándares internacionales en el ámbito de los derecho humanos y la libertad de asociación en el trabajo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que concede a cualquiera el derecho a formar y unirse a los sindicatos de su elección para el ejercicio y protección de sus intereses económicos y sociales, sujeto a la única condición de cumplimiento de las normas de la organización correspondiente.

Además de la aprobación de la ley de sindicatos, el Senado del Parlamento de Kazajistán aprobó el 11 de junio de 2014 un nuevo Código Penal que criminalizaba la lucha sindical. Según en nuevo Código Penal, se podía sancionar la formación de sindicatos no registrados, así como la participación en ellos, como responsabilidad delictiva que conlleva una pena de prisión de hasta tres meses conforme al artículo 403. Organizar y participar en “huelgas ilegales” también puede sancionarse con una pena de prisión de tres años. “Incitar a la discordia social” sigue siendo un delito grave según el artículo 175 y es sancionable con hasta 12 años de cárcel.

El artículo 398 del nuevo Código Penal, que define los métodos de castigo por la participación en una asamblea ilegal —la pena estipulada es una multa, hasta 240 horas de servicios comunitarios o hasta 4 meses de arresto—, provocó una preocupación particular entre los sindicatos kazajos. Ahora, cualquier reunión, manifestación o conferencia sindical puede caer en la categoría de “ilegal”. Cualquier sindicato o asociación pública puede ser clausurado por interferencia ilegal en las actividades de las agencias gubernamentales. Así, se introducen nueva terminología legal y nuevas normas para castigar a los activistas sindicales.

En esta ocasión, la Federación Sindical Mundial (FSM), acudiendo al llamado del sindicato kazajo Zhanart, publicó una declaración afirmando que “la FSM señala que el estado está criminalizando la lucha sindical, endureciendo la legislación laboral, prohibiendo de forma efectiva las huelgas y cualquier acción en apoyo a las reivindicaciones de mejores salarios, mejores condiciones laborales y revisión de convenios colectivos, hay una disminución del papel real de hasta los sindicatos oficiales y una imposición de condiciones laborales de servidumbre”.

Pese a la condena de los centros sindicales mundiales y la OIT de la práctica de discriminación contra los trabajadores en su deseo de crear sus propias asociaciones, libres del control de las autoridades y los empresarios, el gobierno continuó su política de defensa de los intereses de las empresas locales y extranjeras y aprobó un nuevo Código Laboral en 2015, que privaba a los trabajadores del derecho a huelga.

Según el nuevo Código Laboral, los empleados están obligados a coordinar una huelga mediante comisiones de conciliación durante más de 40 días, y el propio procedimiento es tan difícil que no ha habido una sola huelga legal en Kazajistán desde 2014; pero las normas del Código Laboral permitieron a los empresarios a realizar despidos masivos de trabajadores haciendo huelga de manera ilegal y llevar al encarcelamiento de los dirigentes por responsabilidad delictiva, algo que se aplica de forma activa en el país.

Debe señalarse que las reformas antiobreras de la legislación laboral y sindical iniciadas por Nursultán Nazarbáyev como parte de la aplicación del concepto corporativo de la “Sociedad del Trabajo Universal”, tomado prestado en gran parte de Mussolini, se aplicaron posteriormente hace cinco años en Kirguistán, y también son consideradas como un modelo por el gobierno de Uzbekistán.

Esto indica que la plena descomunistización, la ilegalización de partidos comunistas, la glorificación de los basmachí y los miembros de las formaciones colaboracionistas que combatieron con armas en sus manos al gobierno soviético, se manifestaron al final con la forma de eliminación de toda conquista social y política de los trabajadores, a través de su esclavización y de la prohibición de crear sus propias asociaciones y huelgas.

Desde el inicio mismo de la independencia de las cinco ex-Repúblicas soviéticas del Asia central comenzaron los procesos de plena descomunistización, que se expresaron en el cambio de nombre de asentamientos y calles y en la demolición de monumentos a revolucionarios e incluso a héroes de la Gran Guerra Patriótica, como sucedió en Uzbekistán. En el lugar de los monumentos demolidos, se erigieron memoriales a figuras antisoviéticas reprimidas o a las víctimas del Holodomor.

Pero lo más inquietante aquí es que hay ahora una justificación política y legal de los basmachí; esto es, de los participantes en el movimiento antisoviético en Asia central, que fueron especialmente crueles y actuaron primero con la aprobación de Turquía, luego con el apoyo de Gran Bretaña en las décadas de 1920 y 1930, y desde 1941 con el de la Alemania nazi desde Afganistán. También se está rehabilitando a los miembros de la Legión del Turquestán de la Wehrmacht y las unidades musulmanas orientales de las SS.

En Kirguistán, el 31 de diciembre de 2024, el Presidente Sadyr Zhapárov firmó una ley de plena rehabilitación de todas las víctimas del dominio soviético, incluyendo a los colaboradores. Es digno de mención que los lobistas de esta ley fueron el Open Government, creado con la participación de la agencia estadounidense USAID y la célebre Fundación Soros. En la vecina Uzbekistán, todos los dirigentes destacados del movimiento basmachí fueron rehabilitados en 2022. En diciembre de 2023, también se rehabilitó en Kazajistán a 311.000 personas, incluyendo a bandidos y criminales.

Pero la descomunistización ha alcanzado sus mayores proporciones en Kazajistán, donde miles de asentamientos y calles están cambiando de nombre, parlamentarios han esbozado una ley que ilegaliza la ideología comunista y los símbolos soviéticos y se está transformando activamente la conciencia de los jóvenes en un espíritu antisoviético militante.

Esto se ve facilitado por distintos “documentales” y “largometrajes” como el de Oyan, Kazakh! (¡Despierta, kazajo!), financiado con presupuesto estatal y diseñado para transformar la conciencia de los jóvenes y que no presenta a Lenin y la dirección de la Rusia soviética como los fundadores del estado moderno, sino a los representante de la rama local del partido kadete “Alash Ordá”, que creó la llamada “autonomía de Alash” con apoyo de los jefes cosacos blancos y luego se convirtió en una parte integral del régimen de la Guardia Blanca del almirante Kolchak.

Y estas obras no son espontáneas, sino propaganda llena de propósito, dado que al mismo tiempo se anunciaba la salida de una edición de siete volúmenes sobre La historia de Kazajistán desde la Antigüedad hasta la actualidad, que reformula por completo la historia de la Unión Soviética, cambiando totalmente la visión de la era de construcción socialista soviética.

Según el nuevo concepto, como consecuencia de una “colonización forzada”, se arrebataron las tierras ancestrales, se eliminaron las instituciones de los biy (representantes de la aristocracia judicial) y los batyr1, y se abolió el poder de la élite feudal de los kanes y los sultanes y, tras la formación de la URSS y la llegada de los bolcheviques al poder, comenzó para los kazajos un periodo de “holodomor” continuo y exterminio consciente, desde la propia Revolución Socialista de Octubre.

Al mismo tiempo, desde que Nazarbáyev firmase el decreto “sobre la redenominación de nombres ideológicamente obsoletos” en 2018, solo se ha acelerado la plena descomunistización en Kazajistán, lo que provocó la creación de la comisión estatal para la rehabilitación final de las víctimas de la represión política en 1918-1953 mediante su decreto de noviembre de 2020.

Se están renombrando calles, se están erigiendo monumentos y se están publicando libros homenajeando a los miembros de la Legión del Turquestán de la Wehrmacht y a su fundador, Mustafá Shokay. De ellos, así como de los miembros de Alash Ordá, se está formando una imagen brillante de héroes, de luchadores por la liberación nacional de la dictadura bolchevique.

Este esfuerzo activo de descomunistizar y glorificar a opositores del gobierno soviético es también una parte necesaria e importante de su propia “integración europea”; es decir, de la integración de la clase dominante kazaja en el sistema occidental. Es más, es obvio para cualquier que quiera seguir las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la equiparación de la URSS y la Alemania nazi y la condena del comunismo.

Y dichas actividades tienen una importante relevancia práctica; a saber, el deseo de encubrir la flagrante desigualdad social, el traspaso de petróleo, gas, cobre, uranio, zinc y metales de tierras raras a empresas multinacionales y oligarcas locales; y también de demostrar que el estado actual no es en absoluto resultado de la política nacional de Lenin, sino el producto del trabajo de Nazarbáyev y Tokáyev, los supuestos sucesores ideológicos del “Alash Ordá” nacionalista-burgués.

Todos estos mitos pseudohistóricos sirven a un propósito: esclavizar aun más al pueblo trabajador y fortalecer la doble opresión de los capitalistas tanto locales como extranjeros. Es más, la negación total de la experiencia soviética aspira a desacreditar los logros y derechos sociales como la educación, sanidad y vivienda gratuitas y las bajas tarifas de servicios públicos, y el sistema solidario de pensiones, que fueron arrebatados al pueblo trabajador y a amplias capas del pueblo, que son presentados como dependencia por la propaganda.

Y la actual descomunistización y glorificación de los basmachí y los colaboradores nazis tiene lugar ahora en paralelo a la nueva y última privatización de activos del estado, el traspaso de los últimos depósitos de minerales estratégicos a empresas extranjeras y la aplicación de nuevas reformas antisociales. De hecho, la Kazajistán de hoy ha vuelto ahora al mismo estado prerrevolucionario, con la misma gestión del capital extranjero.

Las repúblicas del Asia central están al borde de una grave crisis socioeconómica y política provocada no solo por los levantamientos mundiales en el sistema capitalista mundial y la intensificación de la competencia geopolítica entre las potencias imperialistas, sino también por una serie de factores internos que han empeorado significativamente la situación.

La presión externa ejercida por los actores mundiales en cabeza, que buscan expandir su influencia en la región, se refuerza con las contradicciones internas. La inestabilidad económica provocada por la dependencia de las exportaciones de materias primas y las fluctuaciones de los precios mundiales conduce a un aumento del desempleo, especialmente entre los jóvenes, que a cambio genera tensión social y contribuye al crecimiento de los sentimientos de protesta.

El problema se compone de profundas desigualdades en la distribución de riqueza, lo que conduce a una estratificación social y a una lucha de clases intensificada. Con pocas oportunidades para la movilidad social, la pobreza y el desempleo crecientes se están convirtiendo en un caldo de cultivo para las ideas religiosas extremistas, así como para las nacionalistas. La situación se complementa con una compleja situación etnopolítica. Históricamente, los lazos étnicos y de clan establecidos, utilizados a menudo por la élite política para su propio provecho, puede conducir a una escalada de los conflictos interétnicos.

La competencia por los recursos limitados —agua, tierra y energía— entre los Estados de Asia central también aumenta significativamente el riesgo de un conflicto armado. Los ríos transfronterizos, como el Amu Darya o el Syr Darya, son una fuente de disputas actuales, exacerbadas por el cambio climático y el descenso de recursos hídricos. La lucha por el control de recursos energéticos, incluyendo gasoductos y oleoductos, también puede provocar conflictos interestatales.

La injerencia externa de las Potencias dirigentes que siguen sus intereses geopolíticos puede desestabilizar la región. La competencia entre Rusia, China, Estados Unidos y otros países por la influencia en Asia central crea una atmósfera de impredecibilidad y aumenta el riesgo de injerencia en los asuntos internos de los estados de la región. Dicha injerencia puede tomar formas distintas, desde la presión económica y el chantaje político hasta la intervención militar directa, lo que puede conducir al colapso total de los estados y la “afganización” de la región; es decir, a la desintegración en territorios en conflicto controlados por distintos grupos armados.

En esta situación se necesitan nuevos partidos comunistas y obreros, que deben ofrecer una alternativa al orden existente y desarrollar un programa revolucionario de lucha política eficaz. La promoción de la idea de dicha alternativa socialista, centrada en la unidad máxima de los trabajadores y las masas de todas las nacionalidades, es un paso importante en este camino.

Nuestra organización se esfuerza en encontrar y unir a distintos grupos juveniles, a grupos de iniciativa de trabajadores y a movimientos de protesta social, para establecer los lazos con los partidos comunistas que quedan en la región con el fin de crear dicha base para el surgimiento de nuevas formaciones políticas similares en el futuro. Después de los sucesos de enero de 2022 en Kazajistán, cuando se celebró por primera vez una huelga general que incluía reivindicaciones políticas, también lanzamos el trabajo de legalizar nuestras actividades mediante el intento de registrar un Partido Socialista.

Al mismo tiempo, apoyamos las reivindicaciones de los propios trabajadores kazajos, presentadas durante las movilizaciones y la huelga de enero de 2022; esto es, la abolición de las disposiciones antiobreras del Código Laboral y de la ley “de sindicatos”, la libertad de reunión y huelga, la libertad de expresión, la creación de partidos y sindicatos, la vuelta a la Constitución de 1993 —que proclamaba los derechos de los trabajadores—, la liberación de todos los presos políticos y la rehabilitación de los participantes de la huelga de 2011, que fueron disparados y eliminados por soldados.

Lo más importante en esta etapa es ayudar a los trabajadores a organizarse en grupos y comités de iniciativa local, que incluirían tanto a residentes locales como a desempleados con el fin de crear un frente común por la lucha por derechos sociales y políticos.

Al mismo tiempo, explicamos la consigna de la propia nacionalización, la cual es muy popular entre los trabajadores y que puede aplicarse en la realidad con la participación del control solo si los trabajadores toman el poder mediante su partido político, el cual puede cambiar el equilibrio de las fuerzas de clase y abre las puertas a transformaciones socialistas reales.

Por lo tanto, la lucha contra la dominación de las empresas mineras extranjeras debe ser una lucha no solo por la nacionalización, sino contra el capitalismo y por su derrocamiento, y por la fundación de un nuevo sistema social y político sin fases ni etapas intermedias.