En Irlanda, norte y sur, la ley no reconoce que una mujer tenga derecho a controlar su propio cuerpo. En la República de Irlanda, el Partido de los Trabajadores de Irlanda participa activamente en la campaña para eliminar la octava enmienda a la Búnreacht na hÉireann (Constitución irlandesa). Las barreras a los derechos reproductivos para las mujeres también son barreras para el pleno desarrollo social, económico y político.
La Octava Enmienda iguala la vida de una mujer con la de un feto. De hecho, introdujo una prohibición constitucional del aborto y niega a la mujer el derecho a un aborto, incluso cuando su salud está en grave peligro. El artículo 40.3.3 se insertó en la constitución, por referéndum, en septiembre de 1983. En ese momento, el Partido de los Trabajadores de Irlanda se opuso a la introducción de esta nueva subsección y argumentó que la enmienda era legalmente innecesaria, antimujer, sectaria y divisiva.
Las mujeres deben tener derecho a controlar sus propios cuerpos, incluida su fertilidad y a seguir todas las opciones reproductivas. Se deben de garantizar las condiciones económicas, sociales y políticas y la legislación necesaria para permitir que las mujeres elijan si desean tener un hijo y cuándo tenerlo. Deben de tener también el derecho a un aborto seguro sin restricciones legales, dentro de un sistema de salud integral, exclusivamente público y gratuito, con énfasis en la atención médica preventiva. Esto es fundamental para cualquier concepto razonable de igualdad de género a fin de lograr la igualdad política, social y económica con los hombres. Los dos estados en Irlanda consideran a las mujeres como ciudadanas de segunda clase incapaces de tomar sus propias decisiones. Ambos estados criminalizan a las mujeres, infringen sus derechos y discriminan a las mujeres que no pueden pagar el viaje fuera del país para tener un aborto. Criminalizar el aborto perjudica a las mujeres con embarazos no deseados, pero también priva a las mujeres colectivamente del control de su fertilidad, dejándolas abiertas a la falta de poder, a la violación de su integridad física, interrupción y transformación adversa de sus vidas junto con una profunda pérdida de autonomía en relación con los hombres. La trágica muerte de Savita Halappanavar en octubre de 2012, cuando se le negó el aborto, aunque su vida estaba en peligro, es una representación de como las mujeres en Irlanda aún se consideran como portadores de hijos en lugar de seres humanos por derecho propio.
Aunque las mujeres pueden viajar al exterior para obtener un aborto, esta no es una opción para muchas mujeres de la clase trabajadora, incluidas las mujeres migrantes y las mujeres con bajos ingresos. Entre 1980 y 2014, al menos 163.514 mujeres con domicilio irlandés se registraron para abortos en el extranjero. Las mujeres que viajan desde Irlanda para acceder a un aborto, por ejemplo, en el Reino Unido, deben someterse a un aborto en una clínica privada. El procedimiento en sí puede costar entre € 600 y € 1700 y luego están los costos adicionales de viaje y alojamiento. Teniendo en cuenta que el 50% de las mujeres en Irlanda ganan 20,000 o menos por año, el costo de un aborto es prohibitivo para muchas mujeres de clase trabajadora que viven en este país.
El hecho de que casi la cuarta parte de las personas con ingresos directos ganara menos de € 10,000 en 2013, mientras que un tercio de este grupo ganó menos de € 15,000, y que las mujeres representan el 60% de todas las personas con bajos salarios, hace que sea claro para muchas mujeres de clase trabajadora y familias cuyas hijas pequeñas no desean continuar con sus embarazos, el aborto no es una opción por razones financieras. El hecho de que el 87% de las familias monoparentales sean mujeres y de que exista una alta correlación bien conocida entre una familia progenitora y la pobreza constante pone en relieve la naturaleza discriminatoria de la legislación sobre el aborto en Irlanda.
Una sentencia reciente del Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte fue un golpe más a las mujeres y su lucha por la igualdad y los derechos reproductivos en Irlanda del Norte. La decisión de que esto era asunto de la Asamblea Legislativa y que las "cuestiones morales y religiosas complejas" detrás del tema deberían ser determinadas por la legislatura en una donde está claro que la reacción religiosa prevalece sobre los derechos de las mujeres y que al momento de esta redacción aun no a constituirse, fue un nuevo ataque a las mujeres.
En Irlanda del Norte, se han bloqueado las vías legislativas y judiciales para lograr el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, lo que refuerza el hecho de que, en última instancia, los derechos solo se ganarán con la lucha y la agitación.
Las cifras actuales muestran que más de 700 mujeres y niñas de Irlanda del Norte viajaron a Inglaterra y Gales para interrumpir sus embarazos en 2016. Esto no incluye a los que viajaron a Escocia u otros países europeos, o las mujeres que compraron píldoras abortivas, debido a su incapacidad viajar.
Es un derecho de la mujer controlar su propio cuerpo y tomar sus propias decisiones reproductivas. Las mujeres deben tener un aborto libre y seguro en su propio país que, a su vez, esto debe incluir instalaciones prácticas para apoyar a las mujeres que buscan un aborto y una atención postaborto de calidad que les permita acceder al aborto de forma gratuita, total y segura.
Las fuerzas antidemocráticas también han buscado estigmatizar y demonizar a las mujeres que eligen tener o han tenido abortos y que apoyan el derecho a elegir. Estas fuerzas han sometido a las mujeres al hostigamiento y al abuso. La realidad que confrontan las mujeres que buscan acceder a un aborto donde los fondos no están disponibles, enfrentan denuncias y abusos mientras intentan buscar consejo, viajan al extranjero en un momento difícil de sus vidas y son retratados como "asesinas" y "criminales" en un ataque deliberado contra las mujeres y el ejercicio de sus derechos. Como socialistas, afirmamos el derecho de la mujer a tener autonomía sobre su propio cuerpo.