La mayoría de estos partidos fueron creados después de la contra revolución de terciopelo de Gorbachov. En Italia, durante su congreso en Rimini, en 1991, el Partido Comunista Italiano histórico (PCI) se transformó en un partido social-demócrata ordinario. En el mismo año, los comunistas italianos fundaron el Partito della Rifondazione Comunista (Partido de la refundación comunista). En el seno de la Rifondazione, el debate sobre el curso estratégico del partido quedó abierto por mucho tiempo… Una vez que Bertinotti accedió a la presidencia el debate se aceleró. Durante el 5º Congreso de la Rifondazione, en febrero de 2002, Bertinotti presenta sus 63 tesis como una colección de “innovaciones”. Descubre una “nueva clase obrera” nacida en Génova en el 2001; un “concepto de partido nuevo”. Rechaza el partido de vanguardia vuelto “obsoleto”, y lo remplaza por el partido concebido como una composición de “movimiento de movimientos”. Igualmente, descubre una “nueva definición del imperialismo”, según la cual el mundo ya no está dividido entre bloques capitalistas rivales y la guerra ya no es un medio de repartírselo periódicamente. El antiguo centralismo democrático es remplazado por el derecho de tendencia[2]”.

Después de 36 meses de innovación, la dirección de la Rifondazione Comunista se declara lista para participar en el gobierno, en compañía de los demócratas cristianos de Romano Prodi y de la social-democracia de D’Alema. Durante el 6º Congreso del PRC, en marzo de 2005, Bertinotti afirmó que su partido debe ser la fuerza motriz de un proceso de reforma. Y la participación en el gobierno se ha vuelto un paso necesario en esta dirección. En el discurso de clausura del Congreso dice: “El gobierno, incluso el mejor, no es más que un paso, un paso de compromiso. El partido debe colocarse en una posición tal que pueda hacer ver su estrategia, a fin de mostrar que quiere ir más lejos […][3]”. Para prevenir críticas contra el PRC, que entra en una coalición favorable a la UE con el antiguo presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, Bertinotti no encuentra mejor excusa que la pirueta gastada de la social-democracia: “Debemos difundir la idea de que los movimientos y el partido deben guardar su autonomía respecto al gobierno. El partido no debe ser identificado con el gobierno. Debe guardar su propia línea y una estrategia activa separada de éste[4]”.

El muy conocido miembro del grupo Bildelberg, Romano Prodi, estaba presente en el Congreso y percibió muy bien el giro del dirigente de la Rifondazione: “He aquí un partido socialista de izquierda que acepta el desafío del gobierno[5]“.

En menos de 10 años, Bertinotti consiguió colocar un importante potencial revolucionario bajo el control del sistema. En el 2007, el PCR se sumaba a la coalición del “Olivo”. Sin una oposición de izquierda anticapitalista clara a la participación en la guerra en Afganistán y a las medidas de austeridad del gobierno de Prodi, la derecha llenó el vacío político y Berlusconi llegó al poder. El PRC perdió toda su representación parlamentaria en la debacle de la izquierda electoral. Se trata de la experiencia más reciente de los estragos que el revisionismo puede ocasionar. Actualmente, el movimiento comunista italiano atraviesa una crisis profunda.

El siglo 20 probó ya el fracaso de los que pretenden modificar el equilibrio de poder en favor de la clase obrera por mayorías en el seno del parlamento burgués.

En la euforia de la victoria electoral de Miterrand en 1981, el secretario general del PCF, George Marchais, envió a 4 comunistas al gobierno para modificar “el equilibrio de poder”. El dirigente del PCF, Roland Leroy, explica: “Nuestra presencia concuerda bien con nuestra misión y nuestra estrategia: utilizar cada oportunidad, incluso el más pequeño paso hacia adelante, para construir un socialismo original mediante los medios democráticos[6]”.

En lugar de obtener un socialismo original, la clase obrera francesa debió soportar un Código de trabajo desregulado, una seguridad social reducida y salarios desconectados del índice de precios. Seis años más tarde, en julio de 1997, la dirección del PCF volvió a hacer lo mismo. Tres ministros comunistas se alían al gobierno de la “izquierda plural” (PS-PCF-Verdes-MDC) llegada al poder después de las grandes luchas de 1995. ¿El resultado? Hubo más privatizaciones bajo ese gobierno que bajo las administraciones de derecha de Juppé y Balladur puestas juntas. La privatización de Air France fue supervisada por el ministro comunista de Transporte, Jean-Claude Gayssot. Air France, France Télécom, las compañías de seguros GAN y CIC, la Sociedad Marsellesa de crédito, CNP, Aeroespacial, todas ellas fueron “abiertas al capital”. La dirección del PCF continuaba en el gobierno de “Jospin-la guerra” cuando, en 1999, Francia apoyó el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN.

Por supuesto, ciertas concesiones fueron hechas a las exigencias sindicales, pero, como fue el caso en 1936 con el gobierno del Frente popular, fueron el resultado principalmente de grandes luchas que precedieron o acompañaron la victoria electoral de la izquierda.

Pretender modificar en el hemiciclo parlamentario el equilibrio de poder en favor de la población laboral es absurdo a los ojos de todos aquellos que observan el circo electoral, que ven a los miles de grupos de presión y a otras comisiones de expertos pagados por los grupos de negocios con el fin de influir directamente en las decisiones políticas. El cómo “la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero con mayor eficacia” (para retomar los términos de Engels) no hay mejor lugar para mostrarlo que los Estados unidos. En el 2000, los 429 candidatos cuyas campañas fueron mejor financiadas ocuparon los 429 primeros lugares en el Congreso estadounidense. Sólo los lugares del 430 al 469 fueron dados a candidatos con menos “fortuna”[7].

Si hay una sola ventaja de toda la saga del neoliberalismo, es ésta: la evidencia de que la influencia de los grupos más poderosos del capital sobre los Estados naciones, las instituciones europeas y las instalaciones financieras internacionales no ha sido nunca tan abierta y descarada. Las decisiones reales son la prerrogativa del ejecutivo desde hace numerosas décadas y el Parlamento no es más que una máquina para ratificar las decisiones ya tomadas al nivel del gobierno. Cada vez más, las leyes son preparadas por despachos ministeriales e, incluso actualmente, por grupos de presión de marcas importantes. Una paz duradera y el progreso social requieren una sociedad socialista y una transformación radical de la sociedad. La vía parlamentaria hacia el socialismo reposa en la ilusión de que el gran capital va a aceptar retroceder y que va a ceder sin más su máquina de Estado a la clase obrera cuando ésta esté suficientemente representada en el Parlamento.

Naturalmente, debemos ser conscientes de que la mayoría de la gente en Europa actualmente reconoce el orden social actual como el único posible.

Un proceso revolucionario requiere de flexibilidad táctica, una adaptación a la realidad política, una evaluación adecuada del objetivo de cada batalla, un conocimiento exacto de las contradicciones de clase y de las relaciones de poder, y de grandes alianzas.

Luchamos por reformas, luchamos por reforzar la fuerza política y organizacional de los trabajadores. A la población no le decimos: “Vamos a resolver esto por ustedes”, sino que les decimos: “Tomen ustedes mismos su destino en sus manos”. En la batalla, los trabajadores adquieren experiencia y nuestro deber es introducir la perspectiva socialista a término. Incluso para las reformas, no es el parlamento o las elecciones los que son decisivos, sino las luchas. Todo lo que el movimiento obrero ha obtenido ha resultado de un combate organizado, de hacer campaña, y de crear relaciones de fuerzas en las calles.

Un partido importante en el seno de la Izquierda europea es el partido alemán de la izquierda, Die Linke. Resulta de la unificación, en el 2007, del Partido del socialismo democrático (PDS, el partido que sucedió al principal partido en la RDA, el SED) y el WASG (los social-demócratas de izquierda desilusionados, responsables de sindicatos y grupos trotskistas de Alemania del Oeste).

El WASG nació en el 2005 por las protestas suscitadas por el gobierno de Gehrard Schröder, y se compuesto por el Partido Social-Demócrata (SPD) y los Verdes. Su reforma Hartz IV, que le quitaba a los desempleados sus subsidios al cabo de un año y lo metía en un sistema de asistencia social, creó un enorme sector de salarios bajos. Las consecuencias de la reforma Hartz IV han sido desastrosas. Un reporte de las Naciones Unidas[11] sobre la situación social en Alemania muestra que en la actualidad 13% de la población vive por debajo del nivel de pobreza y que 1.3 millones de personas, aun teniendo un trabajo, necesitan una ayuda suplementaria pues sus ingresos no son suficientes para su subsistencia. La pobreza infantil afecta a 2.5 millones de niños. Estudios muestran que 25% de los escolares se presentan a clases sin haber desayunado.

Somos testigos de la pobreza a la alza entre las personas de edad debido a pensiones modestas y que disminuyen por la reducción del salario. Actualmente, 8.2 millones de personas tienen empleos temporales o “mini-trabajos” – de menos de 400 euros por mes. De los nuevos empleos, 75% son precarios. Todo esto le hace el caldo gordo a los súper-ricos. En Alemania, en el 2010 había 924 mil millonarios, es decir, un aumento del 7.2% en tres años.

Esta “reforma” dividió al partido social-demócrata y empujó al antiguo ministro social-demócrata Lafontaine a abandonar al partido. Fue seguido por secciones enteras del movimiento sindical alemán. Estas tránsfugas iban a crear el WASG. El partido unificado WASG-PDS se convirtió en “Die Linke” y en 2009 obtendría el 11.9% de los sufragios en las elecciones federales, ganando así 78 asientos. Su número de miembros rondaba los 80 mil.

Pero tres años más tarde, según los sondeos más recientes, Die Linke tiene problemas para rebasar el antidemocrático umbral del 5% que se aplica a todas las elecciones, tanto nacionales como regionales. En mayo de 2012, perdió sus asientos en los dos Parlamentos federales alemanes de Schleswig-Holstein (del 6%, los votos cayeron al 2.2%) y de Renania del Norte-Westfalia (del 5.6% al 2.5%). El número de miembros disminuyó a menos de 70 mil.

Die Linke adoptó un programa durante su congreso en Erfurt, en el 2011. Se presenta como una síntesis entre las tendencias marxistas y los realistas muy reformistas[12].

“Die Linke, como partido socialista, opta por alternativas, por un futuro mejor” (p.4). Este futuro engloba, justamente, “una existencia con seguridad social, con un ingreso mínimo asegurado exento de sanciones y al abrigo de la pobreza, así como una protección total contra la dependencia, con una pensión estatutaria para todos, apoyándose en la solidaridad, al abrigo de la pobreza, con seguridad de salud y cuidado para todos los ciudadanos basada en la solidaridad, con educación aceptable, gratuita, accesible para todos, con diversidad cultural y participación de todos en la riqueza cultural de la sociedad, con un sistema de impuestos justo que reduzca las cargas impuestas a los ingresos bajos y medios, pero que las aumente a los altos ingresos, apuntando sustancialmente a las grandes fortunas para realizar la democracia y hacer valer la ley contra el poder exorbitante de las grandes compañías, con la abolición de toda forma de discriminación basada en el sexo, edad, estatus social, filosofía, religión, origen étnico, orientación sexual e identidad, o basada en incapacidades de todo género”.

Pero no se sabe con certeza si estas buenas intenciones serán concretadas en este sistema capitalista o si este sistema debe ser abolido. En un punto se puede leer: “Necesitamos un sistema económico y social diferente: el socialismo democrático” (p.4). La “economía social de mercado” es criticada como “un compromiso entre el trabajo asalariado y el capital que nunca ha eliminado la explotación predatoria de la naturaleza ni las relaciones patriarcales en las esferas públicas y privadas”. En otros pasajes, el problema no es el sistema sino el “capitalismo sin restricciones” (p.58), el “modelo político neoliberal” (p.56) y los “mercados financieros desregulados” (p.15).

El texto evoca un “largo proceso de emancipación en el que el dominio del capital es invertido por el sesgo de las fuerzas democráticas, sociales y ecológicas”, llevando a una “sociedad de socialismo democrático” (p.5). En otro lado, la cuestión definitiva del cambio social es la cuestión de la propiedad. “Mientras que las decisiones tomadas por las grandes compañías sean orientadas hacia los rendimientos deseados más que hacia el bien público, la política estará sujeta a chantajes y la democracia será minada”.

Por otro lado, “la propiedad pública” está limitada “a los servicios de interés general de infraestructura social, a las industrias del sector energético y al sector financiero” (p.5). Y el programa copia la vieja tesis social-demócrata de “la democracia que se extiende a la toma de decisiones económicas y somete todas las formas de propiedad a normas emancipadoras, sociales e ideológicas. Sin la democracia en la economía, la democracia permanece imperfecta […]”. Así, este “orden económico democrático diferente” será una economía de mercado regulada. “Sometemos la regulación del mercado de la producción y de la distribución a un encuadre y a un control democrático, social y ecológico”. “El mundo de los negocios debe estar sometido a un severo control de la competencia” (p.5).

La clase obrera no tiene ningún rol en la conquista del poder político. Es cuestión de “mayorías ganadoras” (p.20) y el “socialismo democrático” podrá ser realizado en el seno de estructuras “democráticas” de la constitución alemana y de un “estado social de derecho”.

Los servicios de inteligencia deberán ser abolidos, pero un “control democrático” del ejército y de la policía será suficiente para transformarlos en herramientas del socialismo.

Según el programa, la participación en el gobierno no tiene sentido más que si se apoya en un “rechazo al modelo neoliberal de la política”, si supone un cambio “socio-ecológico” y si puede mejorar el nivel de vida de la población. Si tal es el caso, “el poder político de Die Linke y los movimientos sociales pueden ser reforzados” y “el sentimiento de impotencia política que existe entre numerosas personas puede ser eliminado” (p.56).

Uno se pregunta cómo esta posición pudo ser adoptada sólo poco después de la debacle de lo que todavía se encontraba presente como un ejemplo de vanguardia de la estrategia del partido: el desastre de Berlín. En agosto de 2010, Die Linke se hundió en las elecciones del Senado de Berlín. En 10 años de participación en el gobierno, el partido cayó, pasando del 22.3% al 11.5%.

Durante 10 largos años, una coalición gubernamental SPD-Die Linke gobernó a la capital alemana. Cierra numerosas guarderías, recortó las indemnizaciones sociales y privatizó 122 mil apartamentos sociales. Die Linke votó por la privatización parcial del sistema berlinés de tranvías, hizo campaña contra la paridad nacional de salarios de los trabajadores del sector público (que ganan todavía considerablemente menos en el Este) y se expresó contra los esfuerzos para devolver a la propiedad pública la sociedad proveedora de agua en Berlín. Contribuyó igualmente a privatizar una parte del principal hospital de Berlín – lo que se traduciría en una degradación de las condiciones de trabajo y una disminución de los salarios.

Mathias Behnis, politólogo y vocero del frente de resistencia contra la privatización de la sociedad berlinesa de distribución del agua, y Benedict Ugarte Chacón, politóloga y vocera de la iniciativa berlinesa contra el escándalo bancario, establecieron un balance particularmente negro en el periódico Junge Welt del 20 de agosto de 2011[13]. La coalición SPD-PDS (en esos momentos se trataba todavía del PDS; que más tarde participaría en la creación de Die Linke) hizo saber claramente desde el inicio de 2002 qué vía tomaría, al aprobar una garantía de riesgo para la Bankgesellschaft Berlín. Retoma los riesgos de los fondos inmobiliarios creados por la banca por un monto de 21.6 mil millones de euros. Desde entonces, la Región de Berlín administra las pérdidas anuales de esta banca. El PDS estuvo de acuerdo en garantizar las ganancias a los accionarios de estos fondos, con ayuda del dinero público.

Al mismo tiempo, dirigió una política monetaria estricta en detrimento, por ejemplo, de los subsidios a los ciegos en el 2003, o de los billetes sociales para el transporte público urbano en el 2004, después de que los gobiernos federales suprimieron los subsidios. Fueron necesarias enormes protestas sociales para reintroducir estos billetes, pero a un costo mucho más elevado.

Las guarderías y las universidades ya no fueron subsidiados. Esto detonó vehementes protestas entre estudiantes y el congreso del partido del PDS, el 6 de diciembre de 2003, en el lujoso hotel Maritim en el centro de Berlín, tuvo que ser protegido de los estudiantes por la policía antimotines, que hizo evacuar la calle con brutalidad.

En mayo de 2003, los padres fueron obligados a participar hasta con 100 euros en la compra de manuales escolares.

Die Linke en Berlín es igualmente responsable del deterioro de la situación de miles de inquilinos. En mayo de 2004, el gobierno regional de Berlín vendió 65 mil 700 casas de la sociedad pública de alojamiento GSW en un precio ventajoso de 405 millones de euros a un consorcio al que pertenece el Whitehall-Fund de la banca de inversión Goldman Sachs y la sociedad de inversión Cerberus. En el 2010 permitió a estas sociedades entrar a la Bolsa y transformar miles de alojamientos berlineses en objetos de especulación.

Suprimió igualmente los subsidios a los propietarios que rentaban su casa a un alquiler social, sin preocuparse en lo más mínimo de lo que le ocurriría a los inquilinos. En los antiguos apartamentos anteriormente muy baratos, ocupados sobre todo por trabajadores con bajos salarios y por desempleados, los alquileres aumentaron en 17%.

Las experiencias confirman las posiciones de Marx, Lenin y la Tercera Internacional a este propósito. Rechazan toda la participación, con excepción de situaciones donde el fascismo constituya una real amenaza, en el caso de una situación que dé lugar a una transición hacia un gobierno realmente revolucionario, esto es, en situaciones pre-revolucionarias con luchas de clase muy importantes y un equilibrio de poder favorable (como en Chile a principios de los años 1970, Portugal en 1975,…). En estas situaciones es posible que debamos sellar alianzas con fuerzas que representan capas no proletarias, pero que son igualmente oprimidas por los monopolios o amenazadas por el fascismo o beligerancias exteriores. Pero esto únicamente a condición de que este poder evolucione o desee evolucionar hacia la democracia popular y el socialismo, hacia un Estado diferente controlado por los trabajadores. No fue el caso de Chile, donde la reacción masacró a socialistas y comunistas metiéndolos en el mismo saco.

El gobierno de los trabajadores, tal como lo propuso la Tercera Internacional, se entiende como “el frente unido de todos los trabajadores y una coalición de todos los partidos de trabajadores, tanto en la arena económica como política, para luchar contra el poder de la burguesía y, finalmente, para tumbarla”. “Las tareas más fundamentales de tal gobierno de trabajadores deben consistir en armar a los trabajadores, desarmar las organizaciones contra-revolucionarias burguesas, introducir el control de la producción (por los trabajadores), hacer cargar el principal peso de los impuestos sobre los ricos, y romper la resistencia de la burguesía contra-revolucionaria[18]”.

Tal gobierno de trabajadores sólo es posible si nace de las luchas de masas y si es apoyado por las organizaciones militantes de trabajadores[19].

Aquellos que justifican una coalición con los partidos políticos burgueses en las instituciones parlamentarias utilizan a menudo los escritos de Dimitrov sobre el frente unido contra el fascismo. Es cierto que Dimitrov criticaba a la gente que rechazaba la política del frente unido contra el fascismo, pero según Dimitrov, el frente popular antifascista se debe crear en base a un frente unido de trabajadores. Demanda que un gobierno de frente popular tome medidas revolucionarias anticapitalistas: puede surgir “una situación tal que la formación de un gobierno de frente único proletario o de frente popular antifascista se vuelva no solamente posible, sino indispensable en el interés del proletario. […] Exigimos de éste que ponga en práctica reivindicaciones revolucionarias radicales, determinadas, que respondan a la situación. Por ejemplo, el control de la producción, el control de los bancos, la disolución de la policía, su remplazo por la milicia obrera armada, etc.[20]”.

Dimitrov ponía en guardia contra el hecho de que, “mantener un frente popular en Francia no significa que la clase obrera va a apoyar al actual gobierno[21] a toda costa […]. Si, por una razón u otra, el gobierno existente se muestra incapaz de hacer pasar el programa del Frente popular, adopta la línea del retiro ante el enemigo, de su país y del extranjero, si su política debilita la resistencia a la ofensiva fascista, entonces, la clase obrera, con el propósito de reasegurar los lazos del Frente popular, provocará la sustitución del actual gobierno por otro[22] […]”.

Es lo que pasó y el PCF tomó mucho tiempo en comprenderlo. En 1936, después de una victoria electoral de los partidos de izquierda, el gobierno Blum de los socialistas y los radicales se formó, apoyado desde el exterior por el PCF. Una enorme ola de huelgas ejerció una presión sobre el gobierno para forzarlo a satisfacer las reivindicaciones que se encontraban en el programa del Frente popular. Pero, para retomar los términos de su jefe, este gobierno se fijó como objetivo encontrar una manera de “procurar un alivio suficiente a aquellos que sufren” en el marco de la sociedad de ese entonces. Para Blum, la misión del Frente popular consistió en “moderar a la sociedad burguesa” y extraer “un máximo de orden, de bienestar, de seguridad y de justicia”. En estas condiciones, el impacto negativo de la participación en el gobierno aumentó considerablemente. Las administraciones “de izquierda” presidiendo sistemas capitalistas han históricamente desmoralizado y desmovilizado a la clase obrera, y abierto la vía a partidos y gobiernos conservadores e incluso de extrema derecha.

El gobierno de Blum fue echado abajo dos años después y bastaron dos años más para que los capitalistas franceses tomaran su revancha y recuperaran las concesiones que habían hecho. A iniciativa del Partido socialista, el gobierno dirigido por el líder del Partido radical, Daladier, declaró al PC ilegal el 21 de noviembre de 1939 y los representantes de éste pasaron a juicio. El 7 de julio de 1940 los mismos representantes radicales y socialistas dieron su confianza en el voto al gobierno traidor de Pétain.

Incluso en los periodos donde una participación en el gobierno pudo llevar a la fase de la lucha abierta por el socialismo, la más grande vigilancia es necesaria.

En septiembre de 1947, durante una reunión donde estaban presentes miembros del nuevo órgano de coordinación de los partidos comunistas después de la Segunda Guerra Mundial – el Kominform[23]- los participantes criticaron la línea oportunista del PCF y del PCI en su política de frente unido durante la ocupación y su participación subsecuente en el gobierno.

Estaba dentro de los intereses de la burguesía el cooperar con los comunistas durante y después de la guerra porque era débil. Los comunistas debieron haber aprovechado esta situación para ocupar puestos claves, pero no lo hicieron. En lugar de conquistar un apoyo a las masas para tomar el poder, desarmaron a las masas y sembraron ilusiones sobre la democracia burguesa y el parlamentarismo.

En lugar de crear una unidad antifascista a partir de las bases, con la creación de instrumentos emanados de las masas, conjuntando todas las tendencias que estaban realmente prestas a seguir la vía de lucha por un poder revolucionario, los dirigentes del PCF y del PCI cometieron el error de construir un frente en la cumbre, bajo la base de una representación igualitaria de los diferentes partidos, cuando el objetivo de los partidos burgueses era evitar la transformación real del país. Para llevar a práctica esta política, los dirigentes del PCF y del PCI pretextaron que toda reivindicación diferente a la de la liberación nacional, toda reivindicación de cambios democráticos radicales y revolucionarios, alienarían del lado del frente antifascista un cierto número de grupos sociales y de fuerzas políticas.

La reunión criticó al PCF por haber permitido y hasta facilitado el desarme y disolución de las fuerzas de la Resistencia bajo el pretexto de que la guerra no había terminado y que una acción contra la política de De Gaulle desembocaría en una confrontación con los Aliados. Esta concepción facilitó la tarea de los imperialistas preocupados por reconquistar sus posiciones previas a la guerra. Esto creó ilusiones sobre la “democracia” de los imperialistas y de su capacidad de ayudar en la reconstrucción, sin otros objetivos, de las naciones que fueron liberadas del fascismo.

Globalmente, los delegados en la Conferencia les reprocharon persistir en las ilusiones de una vía parlamentaria hacia el socialismo y propagarlas entre las masas en lugar de movilizarlas contra la política pro-estadounidense de sus gobiernos y por una alternativa verdaderamente revolucionaria[24].

La primera pregunta permanece: ¿cuál es el carácter de la sociedad en la que un partido comunista quiere participar en el gobierno? Es un Estado capitalista. Su base económica es el capitalismo y su tarea es por consiguiente administrar el capitalismo, proteger y crear condiciones favorables para el éxito de su desarrollo. Este Estado ha adoptado una constitución y leyes, reglas y reglamentaciones que tienen como objetivo garantizar el orden constitucional, crear las condiciones para el desarrollo del capital y para evitar conflictos en el seno mismo de la sociedad.

La política hostil hacia los trabajadores en estos Estados no revela a político malvados ni a malos partidos con maliciosos programas. Mientras la propiedad privada de los medios de producción reine, que las empresas deban competir para sobrevivir, ellas deben acumular, aumentar sus ganancias, reducir los salarios, rehusar las reivindicaciones sociales. A esta ley no se le pueden oponer los “buenos” políticos en el gobierno con ideas y programas “correctos”.

El capitalismo actual no puede ya, como lo espera Lafontaine, volver a la época de lo que llamamos “la economía social del mercado” con cooperación social. Este fue un episodio que debe ser remplazado en el contexto de la rivalidad ideológica entre el socialismo y el capitalismo, de la fuerza de los partidos comunistas después del periodo de la Resistencia, cuando las reivindicaciones podían ser tomadas en cuenta a partir de las ganancias de la fase de reconstrucción de la pos-guerra.

Ya no es posible y por mucho ya no es necesaria en la lógica capitalista. Los 25 millones de desempleados oficiales en la UE que ejercen una presión sobre los salarios y los mercados del empleo actualmente mundialmente accesibles reducen el precio de la mano de obra. El costo del desempleo duplica el presupuesto social: los salarios a la baja aportan menos ingresos a las cajas de seguridad social mientras que hay más beneficiarios por atender a partir de estos fondos. El hundimiento del sistema de seguridad social no es más que una cuestión de tiempo si no hay un gran combate para hacer pagar impuestos al capital. Además, los ingresos de los impuestos en beneficio de las empresas van a la baja a pesar de las ganancias a la alta: son necesarias reducciones suplementarias a los impuestos para reforzar a los capitalistas nacionales en los mercados internacionales.

El Estado capitalista está ahí para crear las condiciones favorables para el crecimiento de la rentabilidad de las empresas, para crear para ellas nuevos mercados gracias a la privatización y la redistribución del ingreso nacional en favor de los detentores del capital. Está ahí para hacer callar o reprimir a la clase obrera nacional y para garantizar los intereses del capital en otras regiones.

Así, la participación en gobiernos en tales condiciones significa únicamente la participación a la regresión social, incluso si ésta se encontrara un poco frenada. Significaría desarmar a la resistencia y darle falsas esperanzas al movimiento obrero.

Antiguos partidos comunistas han escogido participar en el poder, sabiendo a menudo que esto significa gobernar bajo los intereses del capital y formar parte de la destrucción de los logros sociales ganados después de luchas por parte del movimiento obrero.

La participación en el gobierno ha contribuido a desmovilizar la resistencia tan necesaria y el desarrollo de un contra-poder. Actualmente, para modificar el equilibrio de las fuerzas de clase, debemos unirnos para una serie de combates defensivos contra la regresión social, a fin de crear un movimiento político independiente de trabajadores y de aquellos que son impedidos de trabajar y difundir una conciencia anticapitalista creciente en el seno del movimiento obrero.

La debilidad de los comunistas y los sindicatos con una clara orientación anticapitalista es la principal causa del dominio agresivo del capital en la mayor parte de los países capitalistas.

Necesitamos un programa político alternativo y debemos luchar por ello. Que comprenda reivindicaciones inmediatas pero también la consigna de la abolición de las relaciones capitalistas de propiedad. Estas reivindicaciones no deben ser dirigidas a socios potenciales en el seno de un gobierno de izquierda (que no existe), sino a un movimiento obrero organizado y a otras capas explotadas de la sociedad. Deben ser dirigidas a los sindicatos, a todo tipo de organizaciones populares activas en todos los dominios de la lucha social, democrática, anti-imperialista y cultural.

La verdadera pregunta es saber cómo los partidos comunistas se van a preparar para las batallas por venir, cómo se van a organizar para dar la talla y asumir eficazmente la carga de las nuevas luchas de la clase obrera y de la población laboral en sentido amplio. La crisis obliga a las grandes capas de trabajadores a darle la espalda a la social-democracia. No debemos ofrecerles una renovada social-democracia. Lo que es necesario es un partido revolucionario que tome en cuenta el actual nivel de concientización, que haga suyos los problemas de la gente, que hable en un lenguaje accesible, que busque la unidad con el grupo más grande posible en la lucha. Pero que no derogue sus principios, que mantenga el rumbo hacia una sociedad donde no habrá explotación del hombre por el hombre, una sociedad sin propiedad privada de los medios de producción de base, una sociedad en la que los trabajadores serán realmente libres y con un Estado que protejerá la libertad de la vasta mayoría contra la opresión de la minoría.