El 12 de junio de 1985 se firmaba en solemne acto en el Palacio Real de Madrid el tratado por el cual España, tras arduas y extensas negociaciones mantenidas por 23 años, se incorporaba como miembro de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea (CEE).

Treinta años después, y tras las sucesivas transmutaciones del proyecto monopolista europeo que ha desembocado en lo que hoy conocemos como Unión Europea,  ésta sufre hoy la mayor desafección por parte de las mayorías obreras y populares de nuestro país habida en estas tres últimas décadas. Según el Eurobarómetro de otoño de 2013, sólo el  81% de los españoles declara estar poco o nada informado sobre los asuntos europeos – doce puntos por encima de la media europea -; en esa misma línea, un 71% de los encuestados declara su desconfianza hacia el Banco Central Europeo, el 65% hacia la Comisión Europea, y un 67% frente al Parlamento Europeo. Tal rechazo no es en absoluto un hecho fortuito, sino que se encuentra directamente vinculado a la gestión abiertamente contraria a los intereses del pueblo trabajador español realizada por parte de las instituciones comunitarias europeas: en relación al papel de la UE en la crisis económica, un 45% de los encuestados declaraban que esta iba en dirección incorrecta [1].

Sin embargo, el perjuicio provocado por el proyecto monopolista europeo a las condiciones de vida y trabajo de la mayor parte de la clase obrera y los sectores populares en España no es una cuestión meramente coyuntural. La intrínseca lógica antisocial del proyecto monopolista europeo supuso, incluso de forma previa a la incorporación formal de nuestro país a la CEE, un determinante tremendamente negativo para la mayoría obrera y popular de nuestro país. Tuvo, sin embargo, la necesaria complicidad de las fuerzas políticas sumidas en el campo del oportunismo, que dieron pábulo a las falsas promesas de los partidos de la oligarquía acerca de la obligada y positiva adhesión de España al mercado común europeo. Pero también los hubo que, desde su propia aparición en el panorama político español, recogieron como valores fundacionales los principios revolucionarios por otros ya olvidados, y que no capitularon bajo ninguna circunstancia en la denuncia y el combate contra el proyecto monopolista europeo que representaba la CEE, y que representa en la UE, incluso en los más complicados escenarios de la lucha de clases en España.

Como es sabido, la incorporación de España al amplio abanico de instituciones europeas nacidas tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se realizaría de forma tardía y fuertemente polémica durante más de dos décadas.  Con la ratificación del Tratado Constitutivo de la CEE incluido en los Tratados de Roma de 1957, lo que había sido una actitud generalizada de indiferencia hacia los procesos de convergencia de algunos de los Estados europeos iniciados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial[2], se transformó en un creciente interés por parte del régimen en la evolución del mercado común europeo. De este modo, en ese mismo año se fundaría la Comisión Interministerial para el Estudio de las Comunidades Europeas (CICE), con el objetivo de seguir de cerca su desarrollo, y en 1962 se cursaría una solicitud formal por parte del Ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, para negociar su vinculación definitiva a la CEE.

En el marco del lanzamiento del Plan de Estabilización de 1959, el gobierno franquista realizó una consulta institucional a algunos de los principales organismos del aparato franquista, la cual incluía, entre otras cuestiones, qué posición debería adaptar España en relación a la CEE: quien de forma más abierta incidió en la necesidad de una incorporación inmediata a la CEE sería el Instituto de Estudios Agrícolas, dado su interés en el aumento de exportaciones; por el contrario, instituciones como el Consejo Oficial de Oficinas y Cámaras de Industria, la Confederación Nacional de Cajas de Ahorro, el Consejo Superior Bancario o el Instituto Nacional de Industria (INI) manifestarían posiciones divergentes que iban desde la cautela a la beligerancia respecto a esta posibilidad. 

Sin embargo, ya en 1962 y una vez realizada la solicitud de adhesión a la CEE, el diario Ya publicaba las declaraciones de relevantes empresarios como Emilio Botín o Joaquín Areces, en las que manifestaban su apoyo a la incorporación española[3]. De esta forma, y partiendo de ciertas reticencias iniciales para llegar a la aceptación generalizada, las diferentes facciones del bloque oligárquico-burgués manifestaban sus diferentes intereses en relación a la convergencia de los mercados europeos: por una parte aquellas favorables al mercado único, fundamentalmente la gran industria de orientación principalmente exportadora, localizada en Cataluña y el País Vasco, así como los grandes latifundistas interesados en reforzar los vínculos comerciales con los Estados miembros de la CEE; y por otra parte, aquellas que se mostraban más reticentes ante la inclemente competencia de los grupos monopolísticos europeos – de mayor concentración y diversificación que los españoles -, en su mayoría empresas interesadas en el mantenimiento de la política autárquica franquista[4].

No obstante, la respuesta a la solicitud española se haría esperar. Diferentes complicaciones y eventualidades retrasaron por ocho años la respuesta definitiva por parte del Consejo de Ministros de la CEE. Pese a la buena acogida por parte de algunos Estados miembros, cuyos medios de comunicación pusieron de relieve los positivos efectos económicos de la adhesión española para las economías capitalistas europeas, la presión del movimiento popular terminó por frustrar las primeras expectativas del régimen. Sólo gracias al apoyo de los gobiernos de Francia y de la República Federal Alemana, España lograría desbloquear su petición y vencer parcialmente las resistencias italianas motivadas por los intereses de sus exportaciones agrícolas, así como las negativas belgas y holandesas, fundamentadas en el carácter abiertamente dictatorial del régimen franquista, cuya política de brutal represión tuvo entonces episodios funestos y de una gran repercusión internacional, como el proceso sumarísimo y posterior ejecución del militante comunista Julián Grimau[5]. El acuerdo, en consecuencia, sería de compromiso: dada la imposibilidad de la incorporación de España a la CEE, se propondría un acuerdo comercial preferente de carácter general, negociado en dos fases, que únicamente constaba de reducciones arancelarias parciales a los productos españoles[6].

Tal solución ponía de relieve una de las más hondas contradicciones del régimen franquista en sus últimos años de existencia: el aumento de la ganancia de los grandes monopolios españoles, su creciente concentración y diversificación, sólo podrían ser garantizadas a través de la incorporación de España a las dinámicas de interdependencia económica articuladas en el continente europeo, lo cual entraba en claro antagonismo con el modelo autárquico del franquismo y con su superestructura política y jurídica, elemento que dificultaba en grado sumo la internacionalización de los capitales españoles y la entrada de capitales foráneos en territorio español. De este modo, y por primera vez en su historia, el capitalismo español tenía acceso a un mercado de más de 200 millones de consumidores.

Ya el 29 de junio de 1970, se firmaría en Luxemburgo el Acuerdo Económico Preferencial entre España y la CEE. Si bien las autoridades franquistas presentaron ante la opinión pública este arreglo como un triunfo de la diplomacia española que desembocaría irremediablemente en la asociación plena, lo cierto es que se trataba de un acuerdo similar al ya establecido entre la CEE y Marruecos o Túnez, países no europeos pero de un fuerte vínculo económico con su otrora potencia colonial, y cuyas respectivas solicitudes se habían cursado posteriormente a la de España. Se trataba, por tanto, de un proyecto inacabado que no satisfacía por completo las necesidades del capitalismo español.

La capacidad de gestionar de forma óptima tales demandas por parte del régimen franquista quedaba puesta en entredicho cuando, como producto de la incorporación de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca al mercado común y la negativa francesa a la ampliación del acuerdo español, España fue incluida en la Política Global Mediterránea, perjudicando las parciales ventajas del acuerdo de 1970. Con el abandono de su principal valedor, el gobierno francés – con el que empezaba a darse una cada vez más aguda competencia en materia agrícola - , las autoridades franquistas entraban en una espiral de empeoramiento paulatino de las relaciones con la CEE como consecuencia de los últimos estertores de la dictadura franquista contra el movimiento obrero y popular español, tales como el conocido como Proceso 1001, la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich y los fusilamientos del 25 de septiembre de 1975. A pesar de las sucesivas crisis diplomáticas y a la oleada de solidaridad internacional, nunca fueron impuestas sanciones económicas de ningún tipo al brutal régimen de Franco, pues la economía española ya se encontraba inserta en las relaciones de interdependencia de la CEE y había atraído una cantidad considerable de inversión extranjera[7], desplazando progresivamente al que había sido el principal inversor en España desde la pos-guerra, los Estados Unidos[8]. Como cabe esperar, los industriales y los ejecutivos nacionales rechazaron de plano cualquier medida que, de facto, supusiera atentar contra sus propios intereses.

Escasas semanas después del fallecimiento del General Franco, el Ministro de Asuntos Exteriores, Areilza, viajó a nueve capitales europeas con el fin de reunirse con un amplio abanico de autoridades nacionales y comunitarias, portando el mensaje de que el programa de reformas políticas propuesto por el Ministro Fraga culminaría con la solicitud de incorporación plena al mercado común europeo. La modernización del ejercicio de la dominación capitalista en España según los cánones europeos y la paulatina articulación de un régimen democrático-burgués a través de la Ley para la Reforma Política representaban requisitos incuestionables para la incorporación de España a la CEE, sin que ello supusiera una ruptura plena y profunda con la dictadura anterior.

De este modo, ya bajo el gobierno del que había sido Ministro-Secretario General del Movimiento, Adolfo Suárez, se presentó de nuevo la demanda de adhesión de España al mercado común europeo. A pesar de los reiterados inconvenientes interpuestos por el gobierno francés de D’Estaing y Mitterrand –relacionados, como en el pasado, con la rivalidad de los productos españoles en el mercado agrícola y pesquero -, el presidente Felipe González terminaría por rubricar el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986. Tras casi 25 años de espera, el capitalismo español había alcanzado lo que, sin lugar a dudas, representaba un hito histórico que marcaría su desarrollo futuro, rompiendo las viejas barreras de la autarquía y el aislamiento para incorporarse de manera plena a la alianza interestatal europea y por extensión, al sistema imperialista mundial.

Con la petición realizada por el ministro Castiella en 1962 para la apertura de negociaciones, la mayor parte del movimiento de oposición al régimen franquista se mostró en contra de la adhesión de España a la CEE, si bien con matices importantes. El Partido Socialista Obrero Español de Llopis expresó críticas a la atención prestada por el mercado común a la solicitud española en la medida que suponían una concesión activa de legitimidad política ante un gobierno abiertamente dictatorial, pero en su órgano de prensa, El Socialista, abundaban los halagos a la CEE como institución portadora de los valores democrático-burgueses de sus países miembros, siguiendo la estela del resto de partidos socialistas europeos.

Por otro lado, el Partido Comunista de España (PCE) se mostró en un inicio totalmente disconforme con la incorporación de España al mercado común europeo. La posición reflejada en el Programa del VI Congreso del PCE de 1960 era de total rechazo a la integración de España en los organismos promovidos por los monopolios europeos y norteamericanos: “oponerse al plan de estabilización y a la «integración europea» de España, representaba luchar contra la colonización del país por los monopolios extranjeros, contra la ruina de su industria, contra la despoblación de extensas zonas rurales, por evitar un desastre económico sin precedente”[9]. De tal modo, y a diferencia de las otras fuerzas políticas burguesas o pequeño-burguesas como los monárquicos, los democristianos, los liberales, los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes, el PCE sería el único partido de la oposición al régimen que no contaría con representación oficial en el IV Congreso del Movimiento Europeo de 1962 –denominado por la prensa del régimen como “contubernio de Munich” – debido al veto de los organizadores, al no tratarse de una organización de orientación europeísta partidaria de la adhesión de España al mercado común europeo.

Ese Congreso, que emitió una declaración a propuesta de los delegados españoles donde con claridad se apostaba por una vinculación con las nacientes estructuras capitalistas europeas[10], tenía además un fuerte componente anticomunista, dado el origen de la entidad organizadora, que tuvo entre sus promotores a figuras como Winston Churchill o Konrad Adenauer.

No obstante, esta posición de neta coherencia política no duraría mucho. El advenimiento del eurocomunismo en las filas del PCE terminaría por provocar una profunda transformación en la concepción mantenida hasta entonces acerca de la CEE, en el diseño de una estrategia y de una táctica acorde con la coyuntura política que entonces atravesaba España y con los principios revolucionarios. La claudicación ideológica iniciada años antes daría lugar a que, en el VIII Congreso del PCE de 1972, se adoptase la decisión – no exenta de polémica – de aceptar la entrada de España en el mercado común. Los posicionamientos reformistas quedarían corroborados igualmente por la II Conferencia del PCE de 1975, celebrada para la aprobación de su Manifiesto-Programa, que afirmaba que “en la situación actual, los monopolios dirigen el Mercado Común y lo aprovechan en su beneficio. Hace falta lograr, por la lucha de masas en cada país, por su mayor coordinación a nivel europeo, que la clase obrera, las fuerzas progresistas, transformen en un sentido democrático el carácter de la Comunidad Económica Europea”[11].

En esa misma línea, el IX Congreso del PCE de 1976, tristemente célebre por servir de formalización explícita del abandono definitivo del marxismo-leninismo, profundizaba en la tesis de la transformación de la CEE hacia un organismo de orientación socialista, otorgando al proyecto monopolista europeo una identidad propia en el terreno internacional y la capacidad de satisfacer las necesidades e intereses de las amplias mayorías obreras de los Estados europeos: “Consideramos que quienes se oponen al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea dan la espalda a las conveniencias de un proceso democrático, progresista, en el seno de dicha Comunidad. El PCE, al preconizar el ingreso de España en la CEE, afirma su voluntad de transformar, al lado de las demás fuerzas de izquierda de Europa, el actual carácter de la Comunidad, dominada por los grandes monopolios. Aspiramos a la Europa de los trabajadores, a la Europa de los pueblos: una Europa unida en los planos económico y político, que tenga una política propia, independiente; que no esté subordinada ni a los Estados Unidos ni a la Unión Soviética, pero que mantenga relaciones positivas con ambas potencias; una Europa que sea un factor autónomo de la política mundial, contribuyendo así a superar los bloques militares y el bipolarismo, a democratizar la vida internacional, facilitando a todos los pueblos mayor libertad para ser dueños de sus destino”[12].

En contra de lo que se podría esperar, la incorporación de España al mercado común europeo y el posicionamiento cómplice del PCE a este respecto no contó con un respaldo absoluto por parte de sus pares italianos y franceses. Si bien estos primeros no tuvieron reparos en manifestar su apoyo a los eurocomunistas españoles –expresando incluso tal adhesión al Presidente Suárez por boca del Secretario General del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer[13] - los galos mostraron en varias ocasiones su oposición enérgica a la asociación de España a la CEE. Dicho rechazo, lejos de fundamentarse en el ejercicio más básico de internacionalismo clasista hacia el pueblo trabajador español, se construía en base a una posición netamente socialchovinista[14], tratando de extraer réditos electorales del descontento existente entre los productores agrícolas del sur y centro de Francia[15]. Sea como fuere, los dirigentes del PCE se mantendrían impertérritos en su voluntad de apoyar el proceso de negociaciones incluso en sus momentos más delicados, llegando a presentarse en su programa electoral de las elecciones generales de 1982 como garante de que la incorporación de España se produciría antes del 1 de enero de 1984[16].

La expulsión, en 1985, del que había sido Secretario General del PCE durante más de 25 años y principal, aunque no único, artífice del eurocomunismo en España, Santiago Carrillo, no supuso en ningún caso el abandono o la condena de las posiciones que habían vertebrado la actitud de colaboración activa con el mercado común europeo.

De hecho, el PCE todavía promueve la visión de un posible cambio en la orientación de la Unión Europea. Es uno de los principales actores en la elaboración y difusión de las posiciones del Partido de la Izquierda Europea (PIE), que promueve la “reforma” del Banco Central Europeo, una UE más “federal” o un “sistema fiscal” de la UE[17].

Sin embargo, la celebración del Congreso de Unidad de los Comunistas en 1984 y la consiguiente constitución del PC – posteriormente PCPE –, supondría un hito de suma importancia en lo referido a la actitud de los comunistas españoles frente al proyecto imperialista europeo y supuso el deslinde definitivo entre las posiciones reformistas y revolucionarias en muchas materias, entre ellas la posición respecto a la CEE (hoy UE).

La denuncia del carácter irreformable de la CEE en un sentido positivo para las condiciones de vida y trabajo del pueblo trabajador español y el consiguiente rechazo de la incorporación de España a ésta se articularían como principios fundacionales del recién creado partido, ya expresados en el propio congreso: “El proceso de integración a la CEE, actualmente en marcha, es claramente contrario a los intereses del país, y en primer lugar de los trabajadores y capas populares, consecuentemente con esta idea, el Partido Comunista se opone a dicha integración y exige el cese del actual proceso”[18]. De nuevo, las mayorías obreras y populares de nuestro país contaban con un partido revolucionario que partía de una posición insobornable de combate contra el proyecto monopolista europeo y la incorporación de España a éste, cuyos efectos y perjuicios no tardarían en hacerse notar.

Dado a que el capitalismo español partía con una clara desventaja a la hora de negociar los términos de su adhesión a la CEE, los términos exactos de ésta supondrían un acto de reiteradas concesiones del gobierno de España hacia sus homónimos europeos, que suponían, entre otras cosas, su obligada supeditación al derecho comunitario, la desaparición prácticamente total del extenso parque empresarial público heredado del franquismo, y el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo del pueblo trabajador español.

En el ámbito jurídico, la incorporación de España a la CEE conllevaría simultáneamente  su adhesión al derecho que ya desde la aprobación de su Tratado Constitutivo había comenzado a emerger. Mediante la creación de este nuevo derecho comunitario, la recién creada Comisión Europea se arrogaba de facto la capacidad de iniciativa legislativa que permitiese la armonización las diferentes legislaciones nacionales en un creciente abanico de materias y ámbitos, configurando de tal modo la base económica fundamental del proyecto monopolista europeo. Tal y como rezaba el artículo 100 de dicho tratado, “el Consejo adoptará, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado común”[19].

Además de los tratados como derecho originario, este derecho europeo contaría con un amplio abanico de fuentes derivadas – reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes - que en la mayor parte de las ocasiones serían de obligado cumplimiento, incluso cuando éstas entraran en contradicción con el ordenamiento jurídico interno de cualquier país miembro. Según el artículo 189, “el reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios. Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes”[20]. De este modo, el proyecto monopolista europeo se dotaba de los instrumentos adecuados para la construcción de un marco jurídico a imagen y semejanza de sus propios intereses, en primera instancia comúnmente referidos a la vertiente económica de esta construcción. No en vano, la primera directiva emanada de los órganos comunitarios – la 68/151/CEE del 9 de marzo de 1968 -, giraría en torno a las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades mercantiles, especialmente a aquellas que trascienden el territorio nacional del país, con el fin de proteger los intereses de socios e inversionistas y salvaguardar, de este modo, el adecuado desarrollo del proceso de internacionalización de capitales en el ámbito europeo.

El establecimiento de la unión aduanera, la libre circulación de personas, servicios y capitales y la consiguiente supresión paulatina de las barreras arancelarias que gravaban  las mercancías del exterior, llevó a la balanza comercial española a pasar del superávit a un más que considerable déficit en unos pocos años: en octubre de 1986, las importaciones provenientes de la CEE aumentaron un 65’8 % respecto al mes de octubre del año anterior, mientras las exportaciones solo se habían incrementado un 7’7%[21]. Ello expresaba las dificultades de la industria española ante la competencia de los grandes monopolios europeos, tanto en la calidad de sus productos como en el precio de los mismos, especialmente aquellas que ya entonces conformaban las principales protagonistas del tejido empresarial español, las pequeñas y medianas empresas. Tal antagonismo sólo podría encontrar resolución a través del cierre de un gran número de éstas, provocando al mismo tiempo la aparición de una elevada tasa de desempleo estructural que ha perdurado en las últimas tres décadas, y que se ha visto acentuado desde el comienzo de la crisis capitalista mundial en 2007[22].

Mayor importancia tuvo, si cabe, el incremento sin precedentes de la Inversión Extranjera Directa con origen europeo que España absorbió masivamente y de forma inmediata tras su incorporación al mercado común: de los 4.715,12 de miles de millones de pesetas que llegarían a nuestro país en forma de IED desde 1962 a 1990, cerca del 75% se darían entre 1986 a 1990. Del mismo modo, si en el periodo 1978-1985 la IED total en España era de 945,04 miles de millones de pesetas, solo en los cuatro años siguientes -1986 a 1990 - ésta experimentaría un aumento mayor al 370%, con una cantidad total de 3.502,48 miles de millones de pesetas[23].

La transformación producida por este fenómeno resultó determinante para la transición del capitalismo español, pasando de un desarrollo tardío y un aislamiento relativo a su integración total en el sistema monopolista mundial. Un análisis de la procedencia de tales inversiones pone de relieve el creciente protagonismo de los países de los monopolios de la CEE en nuestro país: si desde 1978 a 1985 la IED con origen en la CEE fue de 401,7 miles de millones de pesetas– un 41% del montante total -, en el periodo 1986-1989 sería de 1.309,8 miles de millones de pesetas, alcanzando un 57,87% y representando un 1,49% del Producto Interior Bruto del país[24].

La recepción de tales cantidades de inversión extranjera se encuentra directamente relacionada con la progresiva privatización de las hasta entonces empresas públicas españolas en el marco de las políticas de reconversión industrial iniciadas en la década de los ochenta, pero agudizadas en extremo tras la adhesión de España a la CEE[25]. La mayor parte de esta IED tendría como objetivo adquirir empresas en una situación financiera complicada a bajo coste, ya fueran públicas o privadas. Por norma general, los otrora monopolios u oligopolios estatales pasaron a tener un accionariado con importante presencia de inversionistas extranjeros, pero con una especial preponderancia de algunas de las principales entidades financieras españolas como Banco Santander o BBVA, cuando no directamente entregadas a grandes monopolios europeos – como fue el caso de la SEAT, cedida a Volkwagen por el Instituto Nacional de Industria -[26]. De esta forma, los monopolios europeos pasaban a controlar privilegiados canales de distribución y comercialización en el propio mercado español, utilizando en muchas ocasiones nuestro país como plataforma de exportación al resto de países de la CEE, dado el precio sensiblemente más bajo de la fuerza de trabajo en nuestro país.

Todo el proceso anteriormente descrito sólo pudo ser realizable debido a un aumento considerable de la explotación a los trabajadores de nuestro país. Según ponen de manifiesto los estudios realizados, en el periodo correspondiente a la reconversión industrial auspiciada por la CEE y la posterior adhesión de España a la misma se daría un aumento sin precedentes en la historia económica del capitalismo de nuestro país[27]. Como consecuencia del desarrollo desigual del capitalismo a escala mundial, y de las particularidades del proceso de industrialización de España en virtud de una creciente división internacional del trabajo, el precio de la incorporación de nuestro país a las cada vez más profundas relaciones de interdependencia en el marco de la CEE sería indiscutiblemente elevado.

En contra de las ilusorias previsiones de los voceros de la oligarquía, la “modernización” de España y de su tejido productivo de forma equiparable al de otros países capitalistas europeos, cuya industria se fundamenta en sectores de alto valor añadido, sería una entelequia de imposible realización. En ese sentido, la especialización productiva de nuestro país sería fundamentada en el mantenimiento de un bajo coste de la fuerza de trabajo para asegurar mayores niveles de competitividad, al igual que otros países miembros de la CEE como Grecia y Portugal, y a diferencia de otros como los Estados centrales y nórdicos, que asumieron una especialización industrial de un fuerte componente tecnológico[28].

La construcción económica y política capitalista en el ámbito europeo, encarnada en el pasado por la CEE y hoy por la UE, es un proyecto indisociablemente unido desde su fundación a los intereses de los monopolios de nuestro continente. En consecuencia, su naturaleza es esencialmente reaccionaria y contraria a los intereses de la clase obrera internacional. Fuera de toda duda, quienes han resultado los principales perjudicados de la adhesión de España a la CEE han sido: la clase obrera, sometida a crecientes tasas de explotación y a mayores cifras de desempleo, así como ciertas capas populares, expuestas de forma brutal a una intenso proceso de proletarización. Si bien una parte importante del tejido productivo experimentó un serio varapalo debido a la superioridad de sus nuevos competidores europeos, otros sectores del capitalismo español mejoraron considerablemente su posición aprovechando las nuevas dinámicas de internacionalización de capitales e integrándose en las cada vez más densas relaciones de interdependencia en el seno del mercado común europeo.

A diferencia de las posiciones sostenidas por parte de muchas de las organizaciones del oportunismo, la propuesta comunista no hace ningún tipo de apología de los denominados principios fundacionales de la Unión Europea, que el devenir de los acontecimientos habría terminado, según aquéllas, por pervertir mediante la firma del Tratado de Maastricht en 1992.

En la actualidad, en un país plenamente insertado en sistema imperialista mundial como es España, la puesta en valor de la propuesta comunista ante las cuestiones aquí abordadas es una tarea improrrogable y determinante para el desarrollo futuro de la lucha de clases y el fortalecimiento de las organizaciones revolucionarias. La adecuada dirección de la lucha ideológica en cualquier país debe de ir de la mano del estudio profundo y científico de su desarrollo histórico particular si no quiere ser una mera consigna abstracta, y ello debe de servir, al mismo tiempo, de base fundamental para la labor de propaganda y divulgación entre las masas si se aspira a trascender los estrechos márgenes de la retórica y la especulación.

Ello pasa por profundizar en el estudio de los asuntos europeos desde una posición clasista y por el enfrentamiento contra las tesis reformistas en el seno del movimiento obrero y popular, especialmente cuando son las fuerzas del reformismo quienes se involucran directamente en la gestión capitalista de la miseria existente aún siendo conscientes de lo limitado de su mandato y competencias.

La denominada Iniciativa Comunista Europea[29], de la que el PCPE es miembro fundador y de la que forman parte otros partidos que participan en esta Revista Comunista Internacional, dedica gran parte de sus tareas a este objetivo. Esta tarea es de gran importancia, dado que la lucha política va indisolublemente unida a la lucha ideológica.

En lo que al futuro respecta, no cabe duda alguna de que la política anti-social de los monopolios continuará siendo el eje vertebral de una Unión Europea en decadencia, y que observa como viene siendo desplazada en lo que a poderío económico, político y militar se refiere por otras potencias capitalistas emergentes.

Ante este incierto panorama, las negociaciones abiertas entre el Departamento de Comercio estadounidense y la Comisión Europea en lo que se ha venido a denominar Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en ingles), representan una posible y temporal vía de resolución de dicha situación, teniendo como contrapartida directa un empeoramiento absoluto de las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías obreras y populares de todos los países de la UE. Al margen de consideraciones geoeconómicas acerca del significado y finalidad de esta gran zona de libre comercio e inversión, tal y como nuestro Partido ha declarado en anteriores ocasiones[30], sus consecuencias directas e indirectas representan una abierta declaración de guerra contra el pueblo trabajador sobre la que el Movimiento Comunista Internacional deberá prestar la atención necesaria si pretende combatirla resueltamente.