El 11 de agosto de 2023, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una irrita sentencia judicial que materializaba el plan de la cúpula del Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigido a tomar por asalto al Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Con esta intervención judicial, el Gobierno socialdemócrata ejecutó una nueva modalidad de ilegalización de un Partido Comunista. En este caso, con el secuestro de la personalidad jurídica del Partido, a través del uso arbitrario y autoritario de los poderes públicos, para entregársela a un conjunto de personas ajenas a la militancia comunista. Estos mercenarios fueron presentados ante la opinión pública como supuestas “bases descontentas” del PCV, a través de una grotesca operación de falsa bandera, organizada, dirigida y financiada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

¿Pero cómo se llega a esta situación de abierto ataque de un Gobierno que se reivindica progresista, e incluso antiimperialista, contra el Partido Comunista de Venezuela y el movimiento obrero clasista?

Para comprender la tendencia reaccionaria actual de las fuerzas que dirigen el Gobierno en Venezuela y el giro antipopular que ha tomado la gestión gubernamental, es esencial tener en cuenta la especificidad del proceso de acumulación del capital en Venezuela [1] y los rasgos de la gestión del Estado capitalista durante el “proceso de cambios” iniciado por el Gobierno de Hugo Chávez en 1998, así como el viraje que tomó con el ascenso de Nicolás Maduro en 2014.

Al contrario del curso normal de la acumulación mundial del capital que se rige por la eficiencia en la extracción de plusvalía relativa al conjunto de la clase trabajadora, en Venezuela lo que determina el proceso nacional de acumulación y, por ende, el movimiento de la economía, es la magnitud y formas de apropiación de la renta petrolera. 

Las mercancías como el petróleo, se comercializan en el mercado internacional a precios comerciales que suelen ubicarse por encima de sus precios de producción, generando a sus productores una ganancia extraordinaria. Esta ganancia extraordinaria es lo que se denomina renta de la tierra o minera, y puede ser de diferentes tipos según el nivel de productividad que arrojen las tierras o yacimientos: renta absoluta, renta diferencial I y II, o renta de simple monopolio. [2]

Este ingreso extraordinario -que no procede de las ganancia media que genera el capital industrial petrolero- es objeto de una feroz lucha por su apropiación entre los actores económicos internos (capital privado no petrolero). Estos capitales privados no petroleros, nacionales y extranjeros, se caracterizan por ser de una composición orgánica baja, lo que los hace dependientes de la captación de renta petrolera para poder valorizarse a tasas de ganancias media, compensando así los altos costos generados por sus bajos niveles de productividad. Siendo el Estado venezolano el medio a través del cual se define el curso que toma el flujo de la renta hacia el conjunto de los capitales, la lucha entre los diversos partidos de la burguesía y las potencias extranjeras por el control político del aparato estatal, es un rasgo preponderante de nuestra sociedad.

La victoria del Presidente Hugo Chávez en 1998, ocurre luego de más de 20 años de crisis de esta forma parasitaria de acumulación del capital, marcada por un periodo de contracción aguda de la renta petrolera e imposición de políticas neoliberales. Los gobiernos de entonces, aplicaron un agresivo ajuste antipopular, caracterizado por privatizaciones, desregulación del mercado laboral, liberación de precios, entre otras medidas de shock.

El gobierno de Hugo Chávez se propuso contener el avance de la agenda privatizadora, que apuntaba esencialmente a la industria petrolera y al desmontaje del llamado “Estado social”. Sin embargo, lo hace a través de un relanzamiento de esta misma base económica rentista y dependiente, apoyándose en una estrategia internacional de recuperación de los precios del petróleo. En este sentido, la gestión de Chávez no intenta cambiar en lo absoluto la especificidad del proceso de explotación capitalista en Venezuela, sino que se apoya en ella para impulsar un programa de contenido “nacionalista y social”, dirigido a fortalecer el papel del Estado en la economía y a garantizar una serie de derechos sociales a la población, luego de los nefastos efectos de la vorágine neoliberal de los años 80 y 90. [3]

Por más conquistas que obtuviera la clase obrera y el movimiento popular durante la fase expansiva de la renta petrolera bajo la gestión de Hugo Chávez, el hecho de que se establecieran sobre las frágiles bases de una economía rentista, le imprimía a estos logros un carácter transitorio e inestable. [4] Más aún -y como confirman diversas investigaciones-, los grandes beneficiarios de esta época de bonanza petrolera del gobierno de Hugo Chávez, no fueron precisamente la clase obrera, ni las capas populares, sino la burguesía local y los monopolios transnacionales. De hecho, se estima que cerca de 200.000 millones de dólares fueron fugados por la burguesía nacional y extranjera de la economía venezolana durante el periodo 2003- 2013. [5]

En 2007, la crisis financiera y la abrupta caída de los precios petroleros dejó en evidencia el agotamiento del proceso de acumulación del capital. Sin embargo, lejos de plantearse su superación revolucionaria, el Gobierno de Chávez prolongó su colapso a través de medidas de endeudamiento exterior, manteniendo así la ficción de una frágil estabilidad y de crecimiento económico, que ya era insostenible por la merma de la renta petrolera, el atraso técnico del aparato productivo nacional y la expansión de la deuda externa. [6]

La frágil burbuja explota durante la gestión de Nicolás Maduro. La fase expansiva de la renta petrolera llegó a su fin, y con ella la forma de gestión “antineoliberal” llevada a cabo por el presidente Hugo Chávez. Se inicia un periodo prolongado de contratación de los ingresos, mediado por la caída cíclica de los precios del petróleo y agravado por el vencimiento de los compromisos financieros internacionales que había adquirido el país.

Frente a esta merma de los ingresos, la gestión de Maduro ha aplicado de forma progresiva un ajuste económico antipopular, con impactos perjudiciales para la clase trabajadora y el aparato productivo nacional. Con los ingresos reducidos, el Gobierno toma la decisión de priorizar el pago de deuda externa, cancelando cerca de 110.000 millones de dólares al capital financiero internacional en el periodo 2013-2017. [7] Para poder honrar estos compromisos, el gobierno sacrifica 60% las importaciones del país y aplica severos recortes al gasto social, a la inversión en empresas estratégicas e infraestructura pública. 

La centralización de los deficientes ingresos hacia el pago de deuda y las demandas del capital privado más concentrado, generó una escasez de divisas en el mercado interno que terminó por destruir la política de control cambiario, desatando una espiral hiperinflacionaria y de devaluación de la moneda que pulverizó el poder adquisitivo del salario real de los trabajadores en beneficio de la ganancia capitalista. 

La contracción de las importaciones también se tradujo en una escasez de bienes de consumo esenciales y la proliferación de los “mercados negros” de mercancías, como mecanismo del sector comercial para eludir los controles de precios.

El Gobierno de Maduro utilizó la narrativa de la “guerra económica” para justificar su errática y antipopular política económica, achacando a factores externos la causa de la crisis y, por ende, encubriendo su carácter. El Partido Comunista de Venezuela siempre expresó con claridad su crítica y oposición al rumbo que tomó la política económica gubernamental, dejando claro su posición sobre el carácter capitalista de la crisis, y la necesidad de enfrentarla con una nueva y revolucionaria política económica. [8]

Durante el periodo que va desde 2014 a 2017, el PCV, pese a las profundas diferencias con la política económica gubernamental, prioriza la táctica de preservar la unidad de las fuerzas patrióticas y antiimperialistas frente a los planes desestabilizadores de la derecha pro-imperialista que trabajaban por forzar un cambio de Gobierno al margen de la legalidad. 

Sin embargo, las diferencias con el Gobierno llegan a tal punto que, en 2018, la 14° Conferencia Nacional del PCV condiciona el apoyo a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro para las elecciones del mismo año, a la firma de un acuerdo programático con el que asumiera el compromiso de revertir la tendencia antipopular de su política económica y el impulso de una serie de medidas dirigidas a proteger el derecho de la clase trabajadora a salarios dignos y a la estabilidad laboral. [9]

Maduro y la cúpula del PSUV suscribieron este acuerdo programático, sin embargo, incumplieron con el mismo a pocos meses de la victoria electoral. En agosto de 2018, el Gobierno anunció su “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”, con el que profundiza el ajuste dirigido al desmontaje de los derechos laborales y la desregulación del mercado laboral. [10]

Con este programa, el Gobierno anunció uno de los mayores fraudes cometidos contra la clase trabajadora venezolana y abrió paso a un proceso sistemático de desmontaje de derechos laborales establecidos en la Constitución y las leyes del país. A través de un anuncio fraudulento de incremento salarial, fijado en medio Petro [11] (equivalente a 30 dólares mensuales), el Gobierno ilegalmente igualó los salarios de los trabajadores de todas las ramas. Además, eliminó unilateralmente las convenciones colectivas a través del memorando-circular N.º 2792, emitido por el Ministerio del Trabajo en octubre del 2018; anulando así, los efectos del incremento salarial anunciado sobre las convenciones colectivas vigentes de los trabajadores.

Pero este no fue el único fraude, pues a la larga el Gobierno no cumplió con su promesa de anclaje del incremento salarial al precio de la criptomoneda, convirtiendo el supuesto incremento en un vulgar congelamiento de salarios en bolívares que el propio movimiento inflacionario y de devaluación de la moneda se encargó de pulverizar.

En el año 2019, el imperialismo y los partidos de la burguesía tradicional radicalizan su plan de presión máxima e instalaron un ilegal “Gobierno interino” que amparó las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra Venezuela. Se impuso un congelamiento de fondos públicos en el extranjero; prohibición de comercio a entes públicos venezolanos; persecución a empresas extranjeras que establecieran negocios con el país.

El impacto de estas criminales sanciones sobre la frágil situación económica, agudizó la crisis llevándola a sus niveles más críticos. La contracción del PIB alcanzó 83%, comparado con el año 2013. [12]

Las ilegales sanciones terminaron por colapsar a la industria petrolera que venía con una producción en declive desde el año 2014. [13] La prohibición a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de exportar combustible a sus mercados naturales en Estados Unidos y la Unión Europea, aunado a las restricciones para importar insumos necesarios para el funcionamiento de las operaciones de la industria, afectaron aún más sus ingresos y capacidad de producción. 

La burguesía asociada al Gobierno aprovechó este difícil periodo de agresiones externas para hacer crecer su patrimonio. El negocio consistía en participar de la red de empresas que prestaban el servicio de triangulación internacional para la compra y venta de mercancías; captando en el proceso jugosas ganancias por el papel de mediadores. En la época más difícil de penurias para las familias trabajadoras, la burguesía parasitaria nacional aprovechaba para acrecentar su fortuna. 

Las consecuencias de la aguda crisis profundizada por las sanciones criminales recayeron íntegramente sobre los hombros de la clase trabajadora y las capas populares. La migración forzada de trabajadores al exterior se multiplicó por los precarios salarios, la reducción de ofertas de empleo y la desesperación. 

En esta compleja situación, el gobierno de Nicolas Maduro, mientras hablaba en nombre de la Revolución, del llamado "socialismo del siglo XXI", termina por confirmar su carácter socialdemócrata al formular una estrategia de pacto de élites como salida a la crisis y al aislamiento internacional. 

El giro definitivo de la política del Gobierno en una dirección abiertamente antiobrera ocurre en 2020. A través de un pacto con el empresariado y los partidos de la derecha tradicional, el gobierno del PSUV se propone superar el estancamiento económico; establecer un nuevo acuerdo de gobernabilidad y conseguir el levantamiento progresivo de las sanciones externas. 

La salida a la crisis económica y política del país basado en el pacto de la burguesía, se desarrolla bajo la misma receta de los gobiernos neoliberales: una políticas dirigida a reducir al mínimo el impacto de la crisis y las sanciones sobre la empresas capitalistas; medidas de incentivo y promoción a la inversión privada nacional y extranjera; liberación de precios; privatizaciones de empresas públicas; desmontaje del gasto social; congelamiento de salarios y desregulación del mercado laboral, como principales incentivos al capital privado.

La recuperación económica pasa por imponer los más duros sacrificios a la clase trabajadora y los sectores populares para poder garantizar estabilidad a la empresa privada. Como los mismos voceros del Gobierno la describen, se trata de tenderle una “alfombra roja” [14] a los empresarios para que se sientan motivados a invertir.

Una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno fue la aprobación de una ilegal ley cínicamente denominada “Ley Antibloqueo”, que se presentó al país como una herramienta fundamental para vencer la política de sanciones. Sin embargo, por su contenido y aplicación, dicho instrumento fue la base legal en la que se apoyó el Gobierno para imponer al margen de la Constitución y las leyes su programa económico de contenido neoliberal. [15]

Esta ley no sólo le otorga al Poder Ejecutivo (Presidencia de la República) la potestad para desaplicar artículos de la Constitución, sino también, actuar en secreto y sin rendir cuentas de sus actos. En estas condiciones es que se están desarrollando los negocios de explotación minera; las concesiones con transnacionales para la explotación de petróleo y gas; los ilegales privilegios otorgados al sector privado y los acuerdos económicos secretos con el Gobierno de Estados Unidos. 

Pero si los ingresos por concepto de renta petrolera continúan siendo insuficientes para sostener la valorización normal de los capitales de baja composición orgánica que operan en la economía nacional, ¿cómo garantizarles su rentabilidad?. No es que la renta petrolera dejara de jugar un papel importante en el proceso de valorización de los capitales privados. La política de sobrevaluación de la moneda nacional sostenida con la inyección semanal de cientos de millones de dólares a la mesas de cambio, [16] las compras públicas y las medidas de flexibilización fiscal y tributaria, son mecanismos que revelan la transferencia de riqueza pública al sector privado. 

Sin embargo, la insuficiente magnitud que aún representan los ingresos por renta petrolera, obliga a los capitalistas a recurrir a otras fuentes de ingresos extraordinarios que desempeñen un contrapeso. El mecanismo compensatorio más relevante hoy para los capitalistas son las condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo. La venta de la fuerza de trabajo muy por debajo de su valor se ha convertido en un medio esencial para garantizar la ganancia de las empresas capitalistas en Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro impone así una política de destrucción de los derechos laborales al margen de lo establecido en la Constitución y las leyes laborales de Venezuela. La forma más criminal para reducir al máximo los costos laborales en beneficio de las empresas y sus ganancias fue la política de bonificación del salario. Se elimina de facto el derecho establecido en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que exige al Estado fijar un salario mínimo legal acorde a la canasta básica, y en su lugar se impone una política de congelamiento de salario a un monto irrisorio fijado en la moneda local -erosionado por efectos de la inflación y la devaluación- y compensado con el pago de bonos que no tienen incidencias salariales. El impacto inmediato de esta política, es la desalarización del ingreso de los trabajadores, y la desregulación del mercado laboral para que las empresas privadas sean las que determinen de forma unilateral los ingresos a pagar a los trabajadores bajo la forma de bonificación. [17]

Al desalarizar el ingreso, el Gobierno elimina también el derecho de los trabajadores al disfrute de prestaciones sociales, remuneración de vacaciones, utilidades y ahorros. Los pasivos laborales de las empresas son reducidos al mínimo, ampliando sus márgenes de ganancia y condenando a la clase obrera a percibir ingresos de subsistencia.

Los trabajadores del sector público han sido los más afectados, pues no sólo perciben bonificaciones por debajo de las pagadas en el sector privado, sino que además el Gobierno, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), impuso un recorte unilateral e ilegal de las primas que perciben de acuerdo a sus contratos colectivos. 

El robo sistemático y criminal de la clase trabajadora es la columna vertebral sobre la que se sustenta la ganancia capitalista, y la cacareada “recuperación económica” de la que hace tanto alarde el Gobierno socialdemócrata de Nicolás Maduro y que aplaude la principal cámara de empresarios del país, Fedecámaras. La prueba más contundente de este pacto antiobrero, es la decisión de la cúpula gubernamental de no incrementar los salarios, aun cuando la economía registró un crecimiento de 17% con respecto al año 2021, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV) [18]. Al mes de febrero de 2024, se cumplen 23 meses de congelamiento de salarios, con una inflación acumulada registrada de más del 300%. 

La respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro a las masivas movilizaciones de trabajadores del sector público, maestros y médicos, por incrementos de salarios, ha sido la represión, persecución, judicialización y encarcelamiento. 

Además de la acción represiva, el Gobierno impone restricciones a las libertades sindicales y pone trabas a la realización de elecciones para renovar la directivas de los sindicatos, especialmente de aquellos que no están alineados a sus intereses. Esta maniobra tiene por fin impedir que los trabajadores cuenten con gremios legalizados y así dilatar los procesos de discusión de las contrataciones colectivas.

Ciertamente las sanciones imperialistas no cumplieron su objetivo de lograr un cambio de Gobierno, pero sí desempeñaron un rol importante para generar un cambio en la política económica en una dirección favorable a los intereses del imperialismo y el empresariado local. Al final del camino, el Gobierno de Maduro y la cúpula del PSUV, terminaron sirviendo a las exigencias del gran capital. Ahora, tratan inútilmente de ocultar su viraje y proceso de conciliación con el imperialismo y los partidos de la derecha con un supuesto diálogo de “unidad nacional” en el que la clase trabajadora y los sectores populares son los grandes sacrificados.

Desde luego, este giro reaccionario del Gobierno de Nicolás Maduro, trajo consigo cambios en el mapa de sus aliados y enemigos. Los intereses de la clase trabajadora, el campesinado y los sectores populares, pasaron a representar un obstáculo para el plan de liberalización económica orquestado entre el Gobierno y las federaciones empresariales congregadas en el denominado “gran consenso nacional”.

Aún así, la burguesía se esfuerza por mantener la retórica de falsa polarización entre el PSUV, por un lado, y los partidos de derecha, subordinados a los intereses de Estados Unidos por otro. La realidad es que la unidad de la burguesía se consolida y avanza con la implementación del ajuste económico antipopular. 

La estrategia de la falsa polarización persigue mantener a los trabajadores engañados y subordinados a estos dos bloques hegemónicos e impedir cualquier proceso que genere un movimiento político autónomo e independiente de la clase trabajadora que emerja como alternativa a los dos polos del pacto de élites.

Pero hay una situación que torna más compleja y difíciles las condiciones de lucha política de la clase trabajadora. La cúpula del PSUV ejerce un control omnímodo sobre la totalidad de los Poderes Públicos del Estado; lo que le permite ejecutar el ajuste neoliberal sin resistencia y con una profunda capacidad represiva. A través del ejercicio autoritario de este poder, el PSUV golpea toda forma de agrupamiento de la clase trabajadora en la lucha por sus intereses económicos y políticos. 

En el campo de la lucha reivindicativa, se intensifican los ataques contra las libertades sindicales y el derecho a la protestas de los trabajadores por salarios dignos y demás reclamos laborales; se incrementan los casos de trabajadores judicializados por luchar por derechos y se multiplican las trabas institucionales para el ejercicio del derecho a la organización sindical.

Las brutales prácticas represivas ejercidas por los cuerpos de seguridad del gobierno y el sistema de justicia venezolano, recuerdan los peores años de la persecución contra las luchas obreras durante los gobiernos reaccionarios de la derecha tradicional. Pisoteando el derecho legítimo al ejercicio de la protesta, los órganos represivos aplican prácticas violatorias de derechos humanos fundamentales como el secuestro de dirigentes sindicales. Irrespetando el derecho de los trabajadores detenidos al debido proceso y las garantías constitucionales al ejercicio de la defensa, los cuerpos represivos mantienen a los líderes sindicales detenidos totalmente incomunicados de sus familias por semanas, sin acceso a abogados, y sin información sobre el centro de reclusión donde los tienen recluidos. [19]

Se trata de una estrategia de terror aplicada contra la dirigencia sindical clasista con el fin de sembrar miedo entre las masas trabajadoras y desarticular las luchas obreras en el país por salarios dignos y el restablecimiento de los derechos laborales conculcados. Así mismo, se ha vuelto recurrente la presentación de pruebas falsas en contra de estos trabajadores con el objetivo de incriminarlos en hechos delictivos que no cometieron, para así justificar la ilegales detenciones y las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y el sistema de justicia. 

En lo político, esta ofensiva va dirigida a socavar las libertades de asociación política y derechos democráticos de la clase trabajadora. Para ello, utilizan el poder estatal para imponer un cerco y bloqueo comunicacional al Partido Comunista de Venezuela mientras promueven campañas de difamación en su contra y de cualquier otra fuerza que identifiquen como adversario.

En procesos electorales pasados, como las elecciones regionales del año 2021, aplicaron ilegalmente inhabilitaciones de candidaturas de fuerzas de izquierda, cercenando el derecho de los trabajadores a presentar candidaturas independientes. No es casual que fueron las candidaturas del PCV y sus aliados, las que fueron objeto de la mayor cantidad de inhabilitaciones y no las candidaturas de los partidos de la derecha tradicional. [20]

Finalmente, la forma más arbitraria que utilizaron para impedir el ejercicio de los derechos y libertades democráticas a la clase obrera y sus partidos, fue la judicialización de sus organizaciones políticas.

La judicialización del Partido Comunista de Venezuela fue uno de los objetivos más importantes del Gobierno para bloquear toda posibilidad a los trabajadores y las fuerzas revolucionarias de presentar candidaturas independientes en las venideras elecciones presidenciales previstas para este año. Con esta acción, el PSUV cree que impedirá el surgimiento de una fuerza política alternativa al pacto de la burguesía. 

La forma como fue ejecutada la intervención judicial es una prueba más del autoritario ejercicio del poder estatal por parte de la cúpula gubernamental [21]. La sentencia N° 1.160 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no se ajusta a derecho y es una flagrante violación del orden constitucional y el estado de derecho. El PCV fue perjudicado judicialmente en un proceso de que no fue notificado oficialmente; no se le permitió el derecho a la defensa y donde se utilizó como base una acusación carente de pruebas [22].

Este precedente de intervención judicial e ilegalización del PCV marca un referente muy peligroso para el conjunto de los Partidos Comunistas y Obreros del mundo. El gobierno autoritario ha utilizado la usurpación de la personalidad jurídica del PCV como medio para ejecutar la ilegalización del PCV y suprimir el derecho democrático de los comunistas a organizarse y luchar con independencia.

La estrategia empleada para asaltar al PCV demuestra el profundo grado de descomposición moral y servilismo del Gobierno del PSUV a los intereses de la burguesía y del imperialismo. Nada más provechoso para las fuerzas del capital que arrasan con los derechos de los trabajadores e imponen un programa de desregulación económica, que ilegalizar la acción política del Partido Comunista de Venezuela. Lo más aberrante de su estrategia es que entregaron las siglas de la organización a un grupo de mercenarios ajenos a nuestro Partido, para vender la imagen de un supuesto apoyo del PCV al pacto de la burguesía. 

Los desafíos que tiene por delante la clase trabajadora y el Partido Comunista de Venezuela son bastantes complejos. En Venezuela impera una forma de gobierno que personifica los rasgos más brutales de la dictadura del capital. En estos momentos, los trabajadores venezolanos no sólo luchan por recuperar sus derechos laborales conculcados, también deben movilizarse para exigir el restablecimiento de su derecho a la organización sindical, a tener partidos políticos legales y recuperar derechos democráticos elementales. 

Esto deben hacerlo enfrentando a un Gobierno que se autodenomina “antiimperialista” y “socialista”; y que utiliza su pasado para manipular a las fuerzas comunistas y revolucionarias del mundo y así evitar cualquier forma de solidaridad con las luchas de los trabajadores y del Partido Comunista de Venezuela.

Así como la clase trabajadora venezolana debe sobreponerse a la manipulación ideológica con la que pretenden condenarla a la subordinación a los dos bloques burgueses de la polarización, e impedirle emerger como una fuerza de clase independiente, lo propio debe hacer el Movimiento Comunista y Obrero internacional: derribar las barreras que la nueva socialdemocracia pretende levantar al ejercicio revolucionario del internacionalismo proletario. La clase trabajadora venezolana necesita de la solidaridad de los obreros del mundo para poder luchar contra el poder autoritario del capital personificado por un gobierno socialdemócrata que le arrebata sus derechos económicos y políticos.