El pasado 13 de enero se constituía el primer gobierno de coalición desde la II República, del que forman parte ministros del PSOE y de la coalición Unidas Podemos, de la que forman parte Izquierda Unida y el Partido Comunista de España. Con ello, se sientan en el Consejo de Ministros dos militantes del PCE: la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de consumo, Alberto Garzón.

El largo viaje emprendido por la dirección revisionista del PCE, encabezada por Santiago Carrillo, llega a su fin. El objetivo trazado por el eurocomunismo se ha cumplido. Ya están en el Gobierno. Ha llegado la hora de la verdad, la hora de que la práctica confirme o no las tesis que condujeron en su día a la dirección comunista española al abandono de toda estrategia revolucionaria, abriendo una crisis en el movimiento comunista que aún perdura.

El Buró Político del PCTE se pronunció públicamente sobre el nuevo gobierno de coalición. En nuestra resolución de 7 de enero advertíamos de que ese gobierno no haría otra cosa que gestionar la explotación capitalista. Advertíamos sobre las falsas ilusiones que se estaban sembrando en importantes sectores del movimiento obrero sobre la base de una serie de propuestas simbólicas. Llamábamos a no depositar ninguna confianza en el gobierno socialdemócrata, que venía a contener la movilización de masas ante el incipiente estallido de una nueva crisis capitalista.

En síntesis, frente a la gestión socialdemócrata del capitalismo el PCTE reafirmaba su compromiso con preservar la independencia de la clase obrera, llamando a los trabajadores a dar pasos decisivos fortaleciendo el Partido Comunista y acumulando fuerzas entorno a una estrategia de derrocamiento.

El presente trabajo se enmarca precisamente en esa lucha. Como veremos más adelante, muchos de los argumentos utilizados por los defensores de la estrategia de gestión capitalista se basan en particularidades nacionales, algunas de las cuales serían compartidas con otros países del sur de Europa y justificarían seguir una vía propia. 

La conformación del gobierno de coalición y sus seis primeros meses de gestión se desarrollan en los inicios de una nueva crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capital. Una crisis que no ha sido provocada por la pandemia del Covid-19. A nuestro juicio, quienes explican la crisis reduciendo sus causas a la pandemia pretenden exonerar al capitalismo. Ocultan interesadamente que el origen de la crisis se encuentra en las propias contradicciones que atraviesan el capitalismo y no en factores externos o en una u otra forma de gestión. Las decisiones adoptadas para hacer frente a la pandemia han acelerado la nueva crisis económica que venía gestándose desde el año 2014, algo sobre lo que veníamos advirtiendo los comunistas.

El gobierno de coalición ha respondido a la crisis con la consigna de que, en esta ocasión, “nadie va a quedar atrás”. Con ello, buscan diferenciarse de la forma en que se gestionó la crisis capitalista de 2008-2014. El problema, según estos análisis, no está en el propio capitalismo, sino en el neoliberalismo. De tal forma que el programa socialdemócrata del gobierno permitirá que los trabajadores no paguen las consecuencias de la crisis.

Se oculta interesadamente que la primera fase de la crisis anterior también fue gestionada por un gobierno socialdemócrata. Tratan de responsabilizar en exclusiva a la gestión neoliberal de las consecuencias de la crisis y de evitar que se establezcan paralelismos entre las medidas adoptadas por el Gobierno de Zapatero (PSOE) y las que se están poniendo en marcha en la actualidad.

El discurso de la socialdemocracia se apoya en una batería de medidas simbólicas dirigidas a negar la evidencia de que en el marco del capitalismo serán de nuevo los trabajadores quienes pagarán las consecuencias de la crisis. Como hemos reiterado desde el PCTE, una cosa son las declaraciones públicas del gobierno, otra las medidas que se publican en el Boletín Oficial del Estado y, finalmente, la realidad viene marcada por lo que está sucediendo en los centros de trabajo y en los barrios populares. La distancia entre la propaganda socialdemócrata y la realidad tiende a convertirse en un abismo.

La anterior crisis capitalista estalló en España en el año 2008. Desde entonces y hasta las elecciones generales de noviembre de 2011, el gobierno español estuvo en manos del PSOE. En la primera fase de la crisis, aquel gobierno respondió con un programa de medidas típicamente keynesianas: el Plan de Estímulo a la Economía y el Empleo –conocido popularmente como Plan E-, que junto a otra serie de medidas se dirigía a apoyar esencialmente al sector del automóvil y al turismo; y la llamada Estrategia de Economía Sostenible, concretada una Ley de Economía Sostenible que vendría sustituir al Plan E y a modernizar el sistema productivo español. Hasta aquí llegaron las políticas keynesianas de aquel gobierno. 

A partir de mayo de 2010, esa misma socialdemocracia emprendería la senda de la austeridad, sustituyendo la ortodoxia keynesiana por la neoliberal, imponiendo una dura reforma laboral (junio - septiembre de 2010) y aprobando la reforma del artículo 135 de la Constitución para incluir la denominada “regla de oro fiscal” en agosto de 2011.

Así, en medio de una intensa contestación social, la socialdemocracia preparaba el terreno para la llegada al gobierno del Partido Popular tras las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011, que de la mano de Mariano Rajoy cogía el relevo de la alternancia en la gestión del capitalismo español y continuaría descargando duros golpes contra la clase obrera y contra los sectores populares.

La retórica empleada por el actual gobierno es heredera directa de la empleada por el PSOE de Zapatero hasta mayo de 2011. De hecho, de nuevo estamos en presencia de planes de apoyo específicos al sector del automóvil (el llamado Plan MOVES) y al sector turístico. De nuevo se debate una la modernización del tejido productivo español de la mano del llamado “capitalismo verde”, esta vez a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Al igual que sucediera en la anterior crisis, el gobierno de la socialdemocracia ha puesto al servicio de las empresas un ingente volumen de recursos públicos. En esta ocasión se ha hecho concediendo créditos a fondos perdido o a un bajísimo interés a los capitalistas y, muy destacadamente, a través de exenciones y bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

En paralelo, la legislación de excepción aprobada durante el Estado de Alarma declarado el 14 de marzo de 2020 inicia un proceso de “modernización” de las relaciones laborales que sirve a los intereses de la burguesía. Las fuerzas políticas gubernamentales han pasado de prometer la derogación de las reformas laborales aprobadas durante la crisis económica anterior (en 2010 por el PSOE y en 2012 por el PP) a desarrollar y utilizar masivamente los mecanismos implantados por esas reformas laborales. Prometen un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, como todo apunta, estará basado en el tramposo concepto de la “flexiseguridad”, profundizando en la individualización de las relaciones laborales en detrimento de la negociación colectiva, en la “uberización” del mercado de trabajo.

En realidad, el actual gobierno prosigue en la senda de facilitar mayores índices de explotación del trabajo por el capital y, con ello, se intensifica el empobrecimiento masivo de los trabajadores. La desvaloración de la mercancía fuerza de trabajo, cuyo precio se sitúa en amplios sectores por debajo de su coste de reproducción, ha dado lugar a un rápido crecimiento de los llamados “trabajadores pobres”, a lo que el gobierno ha dado respuesta aprobando el denominado Ingreso Mínimo Vital, que viene a complementar con recursos públicos las condiciones de miseria y hambre impuestas por la explotación capitalista.

Ese proceso de modernización capitalista se produce en unas condiciones políticas caracterizadas por el ascenso de la extrema derecha. El rápido crecimiento del partido Vox, nacido como escisión del Partido Popular, con el que comparte muchos postulados, está siendo utilizado por el PSOE y Unidas Podemos para atrapar al movimiento obrero en una falsa disyuntiva: o estás con el gobierno o favoreces el avance del fascismo.

El PCTE caracterizó en su momento el ascenso de Vox como la respuesta de un sector de la burguesía a la gestión de la crisis capitalista de 2008-2014 en un escenario marcado por una fuerte disputa inter burguesa, tanto en el plano nacional como internacional. Vox representa el programa de máximos de la burguesía, pero no puede ser calificado como una fuerza fascista puesto que, por ahora, su estrategia se enmarca en los cánones de la democracia burguesa. 

Por supuesto, eso no significa que en condiciones de intensificación de la lucha de clases esa estrategia no pueda mutar en un programa de corte fascista. Pero el hecho de que el discurso de Vox se base en la defensa del franquismo y en un anticomunismo radical no supone una diferencia sustancial con las posiciones de otros partidos políticos de la derecha, como Alianza Popular o la Unión de Centro Democrático en su día, o con el propio Partido Popular en las últimas décadas.

Lo que sí resulta novedoso es la respuesta de la socialdemocracia frente a Vox y frente a la radicalización del Partido Popular:

• Fomentan la polarización entre la socialdemocracia y la extrema derecha.
• Frente a la extrema derecha, presentan al actual gobierno de coalición como una nueva versión del Frente Popular.
• La presencia de militantes del PCE en el gobierno es justificada apelando a la “tradición democrática” del PCE, esto es, al eurocomunismo.

Con ello persiguen toda una serie de propósitos. En primer lugar, mantener dividido al bloque de derechas, de tal forma que el juego de la ley electoral les permita mantener una mayoría parlamentaria. En segundo lugar, atrapar a la clase obrera en la trampa de la “unidad de la izquierda”. Finalmente, amputar la historia de la lucha comunista en España como algo únicamente asumible en la medida en que el PCE abandonó el camino revolucionario para convertirse en una fuerza esencialmente socialdemócrata. 

El gobierno de coalición, como no puede ser de otra forma, es un gobierno capitalista. Pero en la medida en que apela al voto de las clases populares y está integrado por fuerzas políticas de la izquierda parlamentaria, encubre su carácter burgués apelando a una falsa diferenciación en el seno de las clases dominantes.

Para ello, tanto desde las filas del PSOE como desde Unidas Podemos se viene apelando al acuerdo con los “empresarios patriotas”. Así, se presenta ante el movimiento obrero la existencia de una burguesía buena y una burguesía mala. Una burguesía que estaría con la derecha y la extrema derecha, contraía a la Unión Europea y alineada con Donald Trump, Bolsonaro, etc., heredera de la autarquía franquista, atrasada y reaccionaria, amante del fraude fiscal y la especulación… 

Otro sector empresarial, el “patriótico”, estaría con el gobierno, sería favorable al acuerdo con los sindicatos en el marco del “dialogo social”, estaría dispuesto a emprender planes de modernización de la economía española de la mano de la Unión Europea, sería favorable al pago de impuestos justos y de cierta redistribución de la riqueza para estimular el consumo interno y, además, sería cosmopolita y democrática. 

A ese fantástico sector de la burguesía han apelado directamente tanto el Presidente del gobierno (Pedro Sánchez), como el máximo líder de Podemos (Pablo Iglesias) o el Coordinador de Izquierda Unida (Alberto Garzón). 

El discurso de la socialdemocracia gobernante y de sus partidos no es novedoso. De hecho, en lo esencial, muchos sus postulados son herederos del discurso eurocomunista y reivindican activamente la práctica eurocomunista durante los últimos años del franquismo. 

En los momentos presentes se pone el énfasis en cierta excepcionalidad española que partiría de dos elementos esenciales: el hecho de la pervivencia de un atraso secular en el desarrollo de las fuerzas productivas del país, fruto de las particulares condiciones en que se produjo la transición del feudalismo al capitalismo en España; y, posteriormente, el hecho de que en España hubiese pervivido el régimen fascista tras la victoria antifascista de los pueblos en la Segunda Guerra Mundial. 

Sobre esa base, las fuerzas revisionistas llegan a la conclusión de que la revolución burguesa en España no se ha completado. Por tanto, se justifica la alianza de la clase obrera con la “burguesía democrática” o con la “burguesía patriótica” para completar esa revolución burguesa inconclusa y conquistar una democracia burguesa homologable a la de los países de nuestro entorno, justificando con ello la participación de algunas fuerzas que se reivindican comunistas en el gobierno burgués.

Esas posiciones se han expresado recientemente al reclamar la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Esos pactos, firmados en 1977, permitieron a la burguesía española contar con un programa que en lo económico supeditaba a la clase obrera a las medidas que necesitaban los capitalistas para enfrentar la crisis económica y, en el plano político, comprometían definitivamente al Partido Comunista de España en la transición de la dictadura de la dictadura fascista a la democracia burguesa. La clase obrera perdía su independencia política, el movimiento obrero revolucionario era arrinconado y las posiciones clasistas en el movimiento sindical sufrirían un duro golpe. 

Ante la actual crisis económica, acelerada por la pandemia, el Presidente del Gobierno no ha dudado en reclamar unos nuevos Pactos de la Moncloa en el que las fuerzas políticas se comprometan en el diseño y ejecución de toda una serie de medidas que permitan enfrentar la crisis emprendiendo un proceso de modernización del capitalismo español. 

Dicha iniciativa se ha saldado con la creación de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados, presidida por el diputado Patxi López (PSOE) y cuya Vicepresidencia Primera ostenta, en representación del grupo confederal de Unidas Podemos, el Secretario General del PCE. 

La Comisión de Reconstrucción se organiza en diferentes subcomisiones temáticas, en las que comparecen expertos en diferentes materiales y representantes de organizaciones sindicales, empresariales, etc., con el propósito de alcanzar consensos sobre las medidas necesarias para enfrentar la crisis que vivimos. Esto es, se trata de alcanzar un nuevo pacto de clases que garantice la supervivencia del capitalismo español, con un nuevo impulso modernizador, preservando ciertos niveles de paz social. 

La justificación de la participación de fuerzas que se reclaman comunistas, tanto en el gobierno como en la citada comisión, recurre a los principales argumentos empleados por el eurocomunista en la segunda mitad del pasado siglo. Así, frente a las embestidas de la derecha y la extrema derecha, se reclama la particularidad del papel desempeñado por los comunistas en España: la “defensa de la democracia”, la política de “reconciliación nacional”, la “pasión por la unidad”, etc. 

En realidad, se ponen en valor las políticas eurocomunistas que condujeron al abandono de toda estrategia revolucionaria, a la ruptura con el movimiento comunista internacional y la traición a los países socialistas. Se apela emotivamente a la ejemplar lucha de los comunistas españoles contra el fascismo para sacrificar ese ejemplo en los altares de la democracia capitalista. Se reivindica la mutación del histórico PCE en un partido socialdemócrata y, con ello, se justifica la participación en el gobierno burgués. 

El PCTE está realizando esfuerzos por analizar la historia del movimiento comunista en España. Nuestros análisis conducen a una conclusión radicalmente enfrentada a las posiciones que justifican la participación de las fuerzas comunistas en los países burgueses. A nuestro juicio, ni a lo largo del siglo XX ni en el momento presente existieron particularidades nacionales que justificasen la participación comunista en los gobiernos capitalistas. 

Consideramos que la Internacional Comunista puso demasiado énfasis en los elementos de atraso que estaban presentes en la base económica de algunos países, como España. Sobre esa base, se caracterizó mecánicamente el tipo de revolución en curso en cada país, si bien se afirmaba que la clase obrera debía jugar un papel protagónico en los casos en que la revolución era calificada como democrático-burguesa. Sobre la base de tales errores de apreciación, la política de frentes populares y las condiciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial, condujeron a un claro debilitamiento de la estrategia revolucionaria en toda una serie de países entre los que se encuentra España.

Si bien a nuestro juicio podía ser erróneo sobreestimar los residuos feudales en los años 30 del pasado siglo, afirmar hoy que tales residuos están presentes en la formación capitalista española y concluir de ahí la necesidad de la participación comunista en el gobierno capitalista, supone abandonar completamente el marxismo. España es un país imperialista en el que la única revolución pendiente es la socialista-comunista. Y no existe ninguna particularidad histórica que justifique teorizar una vía propia al socialismo. Esas argumentaciones, en realidad, se dirigen a justificar a cualquier precio el abandono de la estrategia revolucionaria y la mutación de las fuerzas comunistas en partidos socialdemócratas.

Negar que la época de las revoluciones burguesas ha concluido conduce a blanquear la dictadura capitalista, con el pretexto de defender o profundizar la democracia burguesa. A su vez, justificar la participación en el gobierno capitalista con la amenaza que supone el avance de la extrema derecha, tal y como está sucediendo en España, implica reducir el programa de la clase obrera a la defensa de una de las formas de denominación de la burguesía, supeditándose a ella en ideológico, en lo político y en lo económico; obviando las líneas de continuidad existentes entre una y otra forma de dominación y, con ello, la tendencia general a la reacción en la época imperialista.

Tampoco la lógica del mal menor justifica la participación de las fuerzas comunistas en los gobiernos burgueses. El movimiento comunista internacional atesora una amplia experiencia respecto a lo que supone la participación en gobiernos capitalistas. No existe un solo caso en el que la participación comunista en tales gobiernos se haya saldado con un fortalecimiento de las posiciones de la clase obrera. Por el contrario, esas experiencias han conducido en todos los casos a un debilitamiento de las posiciones clasistas, a sembrar falsas expectativas sobre desarrollos graduales por la vía parlamentaria hacia el socialismo, y a favorecer la mutación de las fuerzas comunistas en socialdemócratas.

Frente a esas posiciones es necesario librar una lucha sin cuartel en todos los frentes. Y es preciso hacerlo de forma argumentada, ayudando a los sectores de la clase obrera que se ven atrapados por la lógica del mal menor a avanzar hacia posiciones revolucionarias. Desenmascarar las medidas que el gobierno adopta supuestamente en favor de los sectores populares, explicar pacientemente cómo esas medidas se insertan en la lógica de la modernización de la explotación, contribuir a que la respuesta obrera frente a la crisis sea lo más masiva posible, ayudar a que se fortalezcan las posiciones clasistas combativas en el seno de los sindicatos, contribuir a la organización de los sectores populares en los barrios y del movimiento estudiantil en Institutos y Universidades; son tareas que conducen a fortalecer el Partido Comunista como la tarea más urgente del momento, agrupando fuerzas clasistas que van comprendiendo sobre la base de su propia experiencia que la única salida para la clase obrera y la tarea de nuestros tiempos es una lucha decidida por el socialismo-comunismo.