La ideología del “pacto social” y su impacto negativo en la clase obrera

  • 3/07/14 15:00

Los intentos del capital por tener una influencia ideológica sobre el pueblo trabajador y sus organizaciones forman parte integral de la historia del capitalismo. Estos intentos tienen el objetivo de alejar a los trabajadores de la lucha de clases, evitar que se produzca un cambio básico en las relaciones de poder existentes y en la situación de la propiedad e impedir la abolición de la explotación del hombre por el hombre.

 

Esta estrategia del capital ha sido llevada a cabo con éxito en lo que se refiere a amplios sectores del movimiento sindical, cuyos objetivos inicialmente se limitaron a las mejoras sociales en el seno del sistema capitalista y, más tarde, a la defensa de lo logrado.

 

Al igual que cambian los objetivos, los métodos también cambian. En caso de conflicto de intereses, los sindicatos comenzaron a dejar de movilizar a la clase obrera por medio de acciones de masas y huelgas, lo que habría ayudado a reforzar las exigencias de los trabajadores y a fortalecer su conciencia de clase. En lugar de ello, los dirigentes sindicales se unieron a los representantes del capital como “agentes sociales con iguales derechos”, con el objetivo de alcanzar compromisos con ellos “mediante el consenso entre las organizaciones de empleadores y de empleados”. En los países germano parlantes incluso han introducido un nuevo vocabulario. En lugar de “trabajadores” y “capitalistas”, hablan de “tomadores de empleo” (jobtakers) y “oferentes de empleo” (jobgivers).

 

En Luxemburgo, el “pacto social” nunca se limitó a los “agentes sociales”. Además, el Estado burgués estableció las condiciones básicas para la institucionalización de la vía del “diálogo social”. Ésta fue la condición necesaria y la razón del exitoso establecimiento del “pacto social”. Las condiciones legales se desarrollaron de tal manera que el sindicato comunista, que actuó sobre la base de la lucha de clases entre 1945 y 1965, fue permanentemente discriminado, dejado de lado y excluido de las negociaciones salariales. Al mismo tiempo, el capital y el gobierno hicieron cuanto hizo falta para apoyar y fortalecer a los movimientos sindicales socialdemócrata y cristiano, que seguían  la línea del “pacto social”, y para incrementar su influencia entre la clase obrera de nuestro país. Pero, dada la existencia de países socialistas y de la competencia internacional entre los dos sistemas sociales, el capital se vio forzado a llegar a acuerdos y a realizar concesiones de tipo social, que también fueron posibles debido al hecho de que, durante los 30 años de crecimiento económico tras la II Guerra Mundial, existía la base financiera para llevar a cabo tal política.

 

El “pacto social” alcanzó un nuevo nivel de desarrollo cuando, en 1975, la crisis capitalista de la industria siderúrgica alcanzó Luxemburgo. Se creó un nuevo órgano de “pacto social”, denominado “Tripartito”, que incluía al gobierno, a las asociaciones de  empresarios y, finalmente, a los representantes de los tres sindicatos mayoritarios. El Parlamento incluso aprobó una “Ley del Tripartito”, que establecía que este órgano tenía que decidir sobre todas las medidas necesarias para lograr “estimular el crecimiento económico preservar el pleno empleo”.

 

El comité coordinador del “Tripartito” discutió y decidió a puerta cerrada medidas para solucionar las consecuencias de la crisis, mientras una gran mayoría de los sindicalistas y los órganos electos de los sindicatos eran excluidos de la toma de decisiones. Al mismo tiempo, el Parlamento fue privado de su derecho de control y fue degradado a la tarea de simple ejecutor de las decisiones de una institución que no estaba prevista en la Constitución del país.

 

Fue tarea del “Tripartito” gestionar las consecuencias de la crisis estructural de la industria siderúrgica y garantizar la expansión mundial y las ganancias del complejo siderúrgico “ARBED” (hoy ArcelorMittal), que dominaba toda la economía de Luxemburgo. El “Tripartito” tuvo que paralizar la gran resistencia obrera y garantizar la estabilidad del sistema existente.

 

En casi 10 años, en el período entre 1975 y 1985, se destruyeron 15.000 de los 27.000 puestos de trabajo de la industria siderúrgica. Los trabajadores fueron obligados a aceptar  la pre-jubilación o pensiones de invalidez, y muchos de ellos se organizaron en una “división anti-crisis”, que fue subvencionada por el estado con fondos públicos y se desplegaba para tareas de emergencia pública. Al mismo tiempo, los trabajadores de la siderurgia fueron obligados a aceptar reducciones salariales y, muy “oportunamente”, se suspendió la vinculación de los salarios a las subidas de los precios.

 

El éxito de esta estrategia fue en gran medida uno de los “méritos” de las direcciones sindicales. Siguieron la táctica de presentar todo cierre de factorías, toda nueva etapa de recortes de empleo, como una “victoria” y de declarar públicamente que, en el “Tripartito”, ellos habían evitado medidas incluso peores, que habían “salvado” miles de puestos de trabajo y evitado despidos masivos.

 

Al evaluar estos acontecimientos, no se excluye que todo esto fuera un montaje. La patronal siderúrgica anunció más despidos de los que realmente estaban previstos, y los representantes sindicales en el “Tripartito” pudieron salvar la cara al declarar que el número de despidos real había sido menor que el inicialmente declarado. Otro aspecto del éxito fue que el Estado se hizo con el 30% de las acciones, y así bombeó dinero fresco al negocio siderúrgico sin interferir en las decisiones estratégicas de los empresarios del sector.

 

El Partido Comunista de Luxemburgo (KPL) llevó a cabo intentos de movilizar a los trabajadores de la industria siderúrgica contra la destrucción de puestos de trabajo, pero no tuvo éxito. La razón principal del fracaso fue la negativa del sindicato OGBL, dirigido por los socialdemócratas, a las propuestas de los comunistas. Entre junio y septiembre de 1981, militantes comunistas recogieron 12.000 firmas de trabajadores siderúrgicos pidiendo la nacionalización de la industria siderúrgica y obtuvieron la aceptación del Sindicato Siderúrgico de la OGBL, la mayor central sindical del país. Pero la dirección de la OGBL se opuso categóricamente a toda nacionalización, no tomó en cuenta la decisión del Sindicato Siderúrgico y continuó su política de “pacto social” con la patronal siderúrgica.

 

La actividad del sindicato en el sector siderúrgico condujo a consecuencias contradictorias. En particular porque, a partir de la iniciativa de los representantes comunistas en los comités de empresa, se pudieron lograr garantías salariales para los trabajadores que tenían que trabajar por menores salarios en otros centros de trabajo o en la “división anti-crisis”. Esto fue, por supuesto, un buen resultado, pero por otra parte condujo a que la mayoría de los trabajadores no se resistiera a la destrucción de puestos de trabajo en el sector. Muchos trabajadores mantuvieron la opinión de que el problema se solucionaba tan pronto como se solucionase su situación personal.

 

En ese mismo momento, al contrario de lo que ocurrió en la industria siderúrgica del sur de Luxemburgo, se destruyeron casi todos los puestos de trabajo del sector en la vecina región francesa de Lorena, a pesar de la lucha sindical y obrera. Esto ayudó a la política de los defensores del “pacto social” en Luxemburgo, dado que fueron capaces de fabricar la “prueba” de que “las conversaciones del Tripartito” con los capitalistas y el gobierno serían más provechosas para los trabajadores que la lucha de clases y la confrontación con el capital.

 

Desde los sindicatos y los medios de comunicación se les presentaba todos los días a los trabajadores la ideología del “pacto social”, lo que finalmente condujo a la rápida destrucción de la conciencia de clase, que había sido forjada entre sectores del proletariado siderúrgico en los años sesenta. Consecuentemente, se desvaneció la disposición de los trabajadores para luchar activa y conjuntamente contra el desmantelamiento de la industria siderúrgica.

 

Como consecuencia de la derrota en la siderurgia, muchos trabajadores del sector se alejaron de los comunistas, y el Partido Comunista perdió su influencia en las fábricas y luego también se debilitó en los parlamentos nacional y comunales – con resultados negativos después de este acontecimiento. Es más, el KPL no reconoció a tiempo la necesidad de incrementar su influencia entre los trabajadores de los servicios públicos, en los comerciantes y en las instituciones financieras, quienes normalmente no tenían conciencia de clase -  y más tarde el partido no tuvo suficiente fuerza como para tomar iniciativas en esa dirección.

 

Después de que la Unión Soviética, con Gorbachov a la cabeza, declarase unilateralmente el fin de la “guerra fría” y se rindiese ante el capitalismo, en Luxemburgo inicialmente no hubo cambios en las relaciones entre el capital y la clase obrera. Los dirigentes sindicales socialdemócratas, quienes en parte se hallaban bajo fuerte influencia anticomunista, se consideraron parte de los “triunfadores de la historia”.

 

Pero tras los cambios del sistema en 1989-1990, el capital no vio necesidad alguna de respetar un sistema social alternativo y comenzó, sistemáticamente, a cuestionar y retirar las anteriores concesiones sociales.

 

No sólo los salarios y las conquistas sociales se vieron atacados por el capital, sino también las mejoras legales por las que la clase obrera había estado luchando en las décadas anteriores. La Ley sobre Jornada de Trabajo se empeoró en detrimento de los trabajadores, las condiciones de trabajo se flexibilizaron a favor del capital, principalmente por medio de la introducción del trabajo subcontratado y el empleo temporal, y los salarios mínimos, tal como estaban definidos por la ley, se redujeron. En paralelo a esto, los impuestos sobre el capital y los costes no salariales del trabajo se redujeron más y la redistribución de los medios públicos a favor del capital creció. Sin embargo, los sindicatos siguieron manteniendo firme la política del “pacto social”.

 

En 2006, el gobierno atendió a las exigencias del capital y decidió frenar sistemáticamente el ajuste de los salarios a la inflación, de modo que, en 2009, todo asalariado perdió más o menos la mitad de un salario mensual. Los sindicatos del “Tripartito” dieron su visto bueno a esta medida, y tras ello el “pacto social” sufrió su primera grieta. Casi un tercio de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del mayor sindicato del sector privado rechazó ratificar la decisión del “Tripartito”. Esto no tuvo consecuencias políticas directas, pero fue un signo de que la política de redistribución a favor del capital, que había sido consentida repetidamente por los dirigentes sindicales en el “Tripartito”, era rechazada por cada vez más trabajadores.

 

Con la crisis financiera y económica del capitalismo, las contradicciones se han intensificado. El gobierno rescató a dos de los grandes bancos de Luxemburgo antes de la quiebra y así continuó la redistribución a favor del capital. Esto condujo al crecimiento del descontento entre los asalariados.

 

Este descontento se expresó ampliamente en la manifestación sindical del 16 de mayo de 2009 bajo el eslogan “¡No queremos pagar por vuestra crisis!”. No obstante, esto no impidió que las direcciones de los grandes sindicatos siguieran junto al gobierno y el capital en el marco del “Tripartito”, en lugar de movilizar a los trabajadores del sector privado y de los servicios públicos y orientarlos hacia una huelga general que evitase más austeridad y recortes sociales.

 

Pero esta vez, a diferencia de anteriores negociaciones del “Tripartito”, no fue posible alcanzar un acuerdo. Bajo el pretexto de mejorar la competitividad de las empresas, el déficit presupuestario y el aumento de la deuda pública, el gobierno anunció para el 1 de enero de 2011 masivas subidas de impuestos y recortes sociales, entre ellos el incremento de los costes que el pueblo tiene que pagar por tratamientos médicos y medicinas. También se tomó en consideración una reducción de los salarios iniciales en el sector público.

 

Adicionalmente, el capital instó al gobierno a suspender o, al menos, a restringir el mecanismo que ajusta los salarios al incremento de precios (el Index). Los partidos gobernantes, el Partido Popular Social Cristiano (CSV) y el Partido Socialista Obrero Luxemburgués (LSAP), en principio acordaron tal restricción pero, como resultado de la presión de los sindicatos socialdemócratas, el LSAP se vio forzado a retirarle su apoyo.

 

Aún así, el gobierno y las direcciones sindicales llegaron a un “compromiso” y el 29 de septiembre de 2010 firmaron un acuerdo de manipulación del Index. Se abandonó el recorte del 50% en la ayuda por kilometraje que estaba previsto en el programa de austeridad del gobierno pero, “a cambio”, se acordó frenar el ajuste de los salarios a la inflación. Independientemente de la fecha de su vencimiento, la subida salarial vinculada a la inflación se pagaría el 1 de octubre de 2011, es decir, una semana antes de la celebración de las elecciones municipales en Luxemburgo.

 

Debido al crecimiento real de la inflación, el ajuste debía haberse pagado el 1 de mayo anterior. Esto significa que todo asalariado perdió cada mes entre mayo y octubre de 2011 el 2,5% de su salario, reduciéndose así su salario en el período en un 12,5%. Esto unido a las subidas de impuestos dio como resultado un recorte en el poder adquisitivo del pueblo.

 

A esto hay que sumarle que el gobierno volvió a sucumbir ante la presión del capital y la UE y anunció una “reforma” del sistema público de pensiones, a realizarse en 2013, la cual dará lugar, indirectamente, a una prolongación de la vida laboral. Quien en el futuro quiera o pueda trabajar 40 años, tendrá que aceptar un recorte del 15% de su pensión en comparación con el sistema de pensiones actual. Si alguien quisiera recibir la misma pensión que el sistema de pensiones garantiza hoy, tendrá que trabajar cuatro años más. Los sindicatos anunciaron su oposición a un empeoramiento del sistema público de pensiones existente y el gobierno acordó discutir con los “agentes sociales” tras las elecciones municipales del 9 de octubre de 2011.

 

Hoy en día el “pacto social” se enfrenta a un serio desafío. El gran capital industrial y financiero está tratando de hacerse con una parte mayor de los beneficios de la productividad, y exige una redistribución acelerada de las finanzas públicas a su favor. El resultado será un mayor endeudamiento del Estado burgués y una mayor carga sobre los asalariados, por lo que, cuando éstos lleguen al límite, una gran parte de ellos se dará cuenta de que no hay otra opción más que la lucha de clases. Por otro lado, los trabajadores han perdido las experiencias de lucha de clases durante las décadas de “pacto social”, así que será indispensable un difícil proceso de aprendizaje.

 

Como resultado de lo ocurrido durante la crisis, la ideología del “pacto social” y de la “solidaridad nacional” se ha agrietado, pero aún está profundamente asentada en las conciencias no sólo de los dirigentes sindicales, sino también de la gran mayoría de sindicalistas y trabajadores. Esto tiene que ver con el hecho de que no ven una alternativa al capitalismo actual, sino que más bien desean volver a la denominada “economía social de mercado”, donde piensan que el “pacto social” ha estado funcionando casi sin problemas y les ha traído mejoras sociales. No se dan cuenta de que esa puerta ya se ha cerrado, ya que no hay otro sistema alternativo al sistema social del capitalismo. En realidad, fue la existencia del sistema socialista lo que forzó al capital a llegar a acuerdos con la clase obrera.

 

Bajo estas condiciones, la actividad sindical de los comunistas en Luxemburgo es bastante difícil, dado que están organizados principalmente en el sindicato socialdemócrata que está orientado hacia el “pacto social”.

 

Pero, ante la actual destrucción de la industria siderúrgica, se ven los primeros signos de resistencia. Junto con sus compañeros de Bélgica, Alemania y Francia, los obreros siderúrgicos organizaron una huelga de 24 horas el 7 de diciembre de 2011, la que fue la primera huelga en Luxemburgo desde 1982.

 

Junto con el Partido del Trabajo de Bélgica (PTB), el KPL ha publicó una declaración sobre los recientes acontecimientos en la industria siderúrgica, y celebró una rueda de prensa un día antes de la huelga, donde el KPL y el PTB reiteraron su posición de que la expropiación del millonario indio Lakshmi Mittal y la nacionalización de las fábricas siderúrgicas son la única solución posible para evitar la completa destrucción de la industria y salvar los puestos de trabajo en ambos países.

 

Se necesita una gran paciencia revolucionaria para incrementar la conciencia de los sindicalistas y también de los trabajadores que no tienen afiliación sindical. La clase obrera de Luxemburgo está formada cada vez más por trabajadores de diversas nacionalidades, trabajadores transfronterizos e inmigrantes, que hablan diversas lenguas y tienen diferentes herencias culturales. Los trabajadores de origen luxemburgués son minoría.

 

Más importante aún es la educación marxista de los militantes comunistas, de modo que sean capaces de explicar a sus compañeros en las empresas y en los sindicatos,  con apoyo de ejemplos concretos de sus empresas, cómo funciona la explotación, cuáles son los bolsillos que se benefician de las mejoras de productividad, por qué motivos siguen pensando y actuando en el “pacto social” y renuncian a la lucha de clases para evitar los ataques que vienen desde arriba, que es posible obtener conquistas sindicales concretas y por qué el capitalismo no es capaz de solucionar los problemas que afrontan los trabajadores.

 

Este trabajo ideológico es la condición previa para el desarrollo de la conciencia de clase, dado que sólo por medio de la lucha de clases será posible evitar que todos los logros anteriores sean destruidos uno por uno y que los asalariados, que están empujados a una posición defensiva por el pensamiento del “pacto social”, vuelvan a ser los perdedores en el conflicto con el capital.

 

El principal enemigo de los asalariados sigue siendo el gran capital industrial y financiero. Su poder económico y político sólo puede romperse cuando gran parte de la clase obrera y del movimiento sindical se dé cuenta de que el “pacto social” debilita a los trabajadores y les subordina a los intereses económicos del capital y los mecanismos sociales de explotación. Los trabajadores deben aprender que el “pacto social” está limitando la posibilidad de hacer, en su propio interés, cambios fundamentales la actual situación de la propiedad y crear así las condiciones necesarias para los cambios económicos, sociales y políticos en beneficio de los trabajadores.

 

* Ali Ruckert es Presidente del Partido Comunista de Luxemburgo (KPL)

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